Las modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional comenzaron a tensionar la agenda parlamentaria de cara a la próxima convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el presidente Javier Milei. Legisladores de distintos bloques opositores reclamaron a las autoridades del Congreso, Martín Menem en Diputados y Victoria Villarruel en el Senado, que se conformen las comisiones bicamerales correspondientes para analizar el alcance del DNU 941/2025, que introduce cambios en el funcionamiento de la SIDE.
Desde el bloque Unidos, encabezado por Gisela Scaglia, junto a diputados como Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau y Carlos Gutiérrez, solicitaron formalmente que el decreto sea girado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, tal como lo establece la Ley 26.122. Ese cuerpo tiene un plazo de diez días hábiles desde la recepción del DNU para emitir dictamen sobre su validez.
En paralelo, el bloque Unión por la Patria (UxP) avanzó con un proyecto de rechazo al decreto. Los legisladores argumentaron que la norma “altera de manera sustancial el sistema democrático” al otorgar facultades coercitivas a la Secretaría de Inteligencia del Estado que consideran incompatibles con la Constitución y el principio de división de poderes. Además, sostuvieron que el Ejecutivo no justificó la existencia de circunstancias excepcionales que impidieran el tratamiento legislativo ordinario.
Desde UxP también remarcaron que el Gobierno contaba con herramientas constitucionales para habilitar el debate parlamentario, como la convocatoria a sesiones extraordinarias, y cuestionaron el uso del DNU para avanzar con una reforma sensible en materia institucional.
En contraste, el bloque del PRO, conducido por Cristian Ritondo, manifestó un respaldo inicial al decreto. Si bien reconoció diferencias con el oficialismo, señaló que la temática vinculada a la inteligencia nacional es estratégica para la seguridad y defensa del país, por lo que optaron por una postura de cautela hasta conocer los protocolos de aplicación y la normativa complementaria.
La legislación vigente establece que la Comisión Bicameral puede funcionar incluso durante el receso parlamentario y que, si no se expide dentro del plazo previsto, ambas cámaras quedan habilitadas para tratar el decreto en el recinto sin necesidad de convocatoria del Poder Ejecutivo. En ese caso, solo puede aprobarse o rechazarse el DNU, sin posibilidad de modificaciones, y su rechazo requiere el aval de ambas cámaras.
Aunque el Congreso espera ser convocado a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, el tratamiento del DNU que modificó la Ley de Inteligencia no estaría incluido formalmente en el temario. Sin embargo, la oposición evalúa reunir el quórum necesario para llevar el debate al recinto y forzar una definición política sobre el decreto.
Mientras tanto, el DNU mantiene plena vigencia hasta que el Parlamento se pronuncie expresamente, en un escenario que anticipa una fuerte disputa institucional entre el oficialismo y los bloques opositores.