A solo una semana de haber asumido como gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés firmó su primer veto. Mediante el Decreto N°42, fechado el 17 de diciembre, dejó sin efecto la Ley Nº 6.740, que habilitaba la modalidad de trabajo remoto en la administración pública provincial.
La norma había sido aprobada por la Legislatura y proponía incorporar el artículo 59 bis a la Ley Nº 4.067, facultando a los titulares de los organismos provinciales a autorizar el home office de manera fundada y con acuerdo previo del agente, dispensándolo de la presencialidad.
Sin embargo, el Ejecutivo decidió rechazar su aplicación. Aunque el decreto no expone fundamentos técnicos detallados, desde el Gobierno trascendió que el veto se apoyó en que “no estarían dadas las condiciones técnicas” dentro de la administración pública correntina para implementar el trabajo remoto de forma adecuada.
La decisión contrasta con los argumentos incluidos en el propio texto de la ley sancionada. Allí, diputados y senadores provinciales destacaron que el Poder Ejecutivo viene desarrollando desde hace años planes y proyectos de modernización administrativa, orientados a mejorar la eficiencia, la racionalidad y la organización del Estado.
“Que el Poder Ejecutivo de la Provincia viene desarrollando planes y proyectos de modernización de la actividad administrativa con la finalidad de adecuar la estructura, organización y funciones de la Administración Pública a los criterios de racionalidad, eficiencia y modernización del Estado que los tiempos actuales exigen”, sostuvieron los legisladores en los fundamentos de la norma vetada.
El veto generó malestar en sectores sindicales y políticos, que interpretan la decisión como un freno a procesos de modernización y conciliación laboral que ya se aplican en otros niveles del Estado. Además, el rechazo llega en un contexto donde el teletrabajo se consolidó como una herramienta habitual tras la pandemia.
Con este decreto, Valdés marcó una señal política temprana de su gestión, al desactivar una ley aprobada por el Poder Legislativo y dejar en suspenso cualquier avance formal hacia el trabajo remoto en la administración pública provincial.