La sanción del Presupuesto 2026 dejó al descubierto la compleja trastienda política que atravesó el Gobierno para lograr la primera ley de gastos y recursos de la gestión de Javier Milei. En medio de pedidos cruzados, negociaciones simultáneas y versiones contradictorias sobre el poroteo final, el Ejecutivo debió modificar su estrategia de interlocución a pocas horas de la votación clave en el Senado.
En un comienzo, la Casa Rosada intentó centralizar las conversaciones con los aliados a través de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Sin embargo, ante la presión del cierre y la necesidad de asegurar cada voto, el esquema se amplió rápidamente al resto de la mesa política. Se sumaron así el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.
En Balcarce 50 aseguraban desde temprano que los votos para la aprobación en general del Presupuesto estaban garantizados y ya trabajaban en los borradores del comunicado oficial para anunciar la victoria legislativa. No obstante, la preocupación se concentró en el artículo 30 del capítulo 2, que elimina pisos mínimos de financiamiento para educación, ciencia, tecnología y defensa, uno de los puntos más sensibles del proyecto.
Según admiten en el oficialismo, hubo al menos tres votos clave envueltos en versiones cruzadas y mensajes contradictorios. Una senadora transmitía señales opuestas a distintos interlocutores, mientras sumaba nuevos pedidos para cerrar su acompañamiento. La tensión se centró en las posiciones de Flavia Royón, Guillermo Andrada y Carolina Moisés, al punto que, a una hora de la votación, algunos sectores del Gobierno hablaban de más de 40 votos asegurados y otros advertían que apenas se alcanzaba el piso mínimo.
La alarma se encendió cuando Royón confirmó su apoyo al Presupuesto en general, pero puso reparos a la votación por capítulos. Tras una serie de llamados de último momento, finalmente la legisladora salteña acompañó el artículo cuestionado junto a los otros dos senadores, lo que permitió cerrar el capítulo presupuestario con 42 votos afirmativos.
Desde el Ejecutivo reconocen que la ampliación de interlocutores también generó un efecto indeseado: “Los legisladores terminan intentando cobrar en todas las ventanillas”, admiten en Nación. Entre los pedidos hubo reclamos que incluyeron desde fondos para obras públicas hasta garantías de inclusión de candidatos en futuros nombramientos judiciales.
Con el Presupuesto aprobado, la atención del Gobierno se trasladó de inmediato a la Ley de Inocencia Fiscal, vinculada al blanqueo de dólares no declarados. En la mesa política libertaria aseguran que, más allá del ruido y las tensiones, la sanción de ambas leyes marcó un punto de inflexión para la gestión y abrió una nueva etapa en la relación del Ejecutivo con el Congreso.