Con la aprobación del Presupuesto 2026, el oficialismo intentará este viernes cerrar el año con una última victoria legislativa y, al mismo tiempo, cumplir uno de los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Más allá del debate político interno, la sanción de la ley de leyes es leída en el Gobierno como una señal clave de previsibilidad fiscal de cara a la próxima revisión del acuerdo.
En agosto, durante la aprobación del primer examen del programa por US$20.000 millones, el equipo económico presentó al organismo un listado de 12 propuestas de gestión previstas entre noviembre de 2025 y fines de 2026. Entre ellas figuraba el envío al Congreso de un Presupuesto con “regla de déficit cero” y un marco fiscal de mediano plazo, con identificación de riesgos y escenarios adversos. La sanción del proyecto apunta a mostrar cómo se plasmará ese esquema en la práctica.
El presidente Javier Milei anticipó que no vetará el Presupuesto aun si sufre modificaciones y aseguró que las partidas se ajustarán para garantizar el superávit fiscal, uno de los ejes centrales del programa económico y una de las variables más observadas por el FMI. La segunda revisión del acuerdo está prevista para febrero y será determinante para la continuidad del entendimiento.
Sin embargo, el Presupuesto no es el único compromiso asumido. El Gobierno también prometió publicar un informe sobre las empresas estatales alcanzadas por la Ley Bases y una hoja de ruta para su privatización. Según trascendió, el documento ya fue elaborado por la Agencia de Transformación de las Empresas Estatales y remitido al Ministerio de Economía, aunque todavía no se difundieron detalles.
En la lista de avances, el Ejecutivo destacó la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista, oficializada en noviembre, y el proceso de eliminación de fondos fiduciarios, aunque aún permanecen activos algunos como el FOGAR, el FONPEC y los fondos vinculados a infraestructura de transporte e hídrica.
Otras promesas, como la publicación de informes vinculados a recomendaciones del GAFI, la integración de un registro social único y una reforma para simplificar el sistema tributario, todavía no tuvieron avances públicos. En tanto, el plan económico también deja pistas sobre 2026: un informe de diagnóstico del sistema previsional y un proyecto para modernizar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
A estos compromisos se suman dos puntos sensibles para el vínculo con el FMI: la acumulación de reservas y la política cambiaria. En ese marco, el Banco Central anunció recientemente cambios en el esquema de bandas de flotación y un programa de compras de divisas de hasta US$17.000 millones. Además, en los próximos días se formalizará un nuevo esquema de subsidios a la energía, que reemplazará la segmentación actual por un sistema de solo dos categorías de usuarios.