Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF anticiparon que solicitarán a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que avance con sanciones contra el Gobierno argentino por las demoras en el proceso judicial. El planteo incluye la fijación de multas económicas y la declaración de desacato, en el marco de la causa que condenó al país a pagar unos US$16.000 millones.
La presentación, realizada esta semana por los demandantes Petersen y Eton Park —financiados por el fondo Burford—, apunta a que la magistrada establezca un cronograma concreto para tratar el desacato y las penalidades vinculadas a la falta de entrega de chats, mensajes y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios. Según sostienen, la Argentina incurre en “maniobras dilatorias” y entrega la información “a cuentagotas”, pese a las órdenes judiciales.
El trasfondo de la estrategia es habilitar posibles embargos. Para eso, los demandantes buscan probar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como “alter ego” del Estado argentino, lo que permitiría avanzar sobre sus activos. En ese sentido, reclaman comunicaciones digitales que, a su entender, demostrarían cómo se toman y ejecutan decisiones entre el Gobierno y esas entidades.
En escritos anteriores, los beneficiarios del fallo mencionaron a funcionarios y exfuncionarios como Sergio Massa, Luis Caputo y Pablo Quirno, a quienes señalan por no haber entregado sus chats. También afirmaron que otros funcionarios rechazaron el pedido o no respondieron, aun cuando la jueza Preska había ordenado avances concretos en la producción de pruebas.
Ahora, los demandantes propusieron un calendario procesal: presentar la moción de desacato el 15 de enero, recibir la respuesta argentina el 19 de febrero y replicar el 5 de marzo, esquema que fue aceptado por la defensa del país. Además, reiteraron el pedido de una audiencia probatoria para discutir las razones por las cuales el Gobierno sostiene que no tiene acceso a las comunicaciones solicitadas.
Desde la Procuración del Tesoro, la Argentina insiste en que los dispositivos son personales y que la entrega del material depende de la voluntad de cada funcionario. La jueza Preska ya fijó audiencias para el 10 y el 29 de enero y deberá definir los próximos pasos, mientras la Corte de Apelaciones analiza el recurso presentado por el país contra la sentencia por la expropiación de YPF.