El Gobierno nacional avanzará con la sanción del Presupuesto 2026 sin introducir cambios al texto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. La decisión fue tomada en la cúpula de la Casa Rosada con el objetivo de acelerar el trámite legislativo en el Senado y evitar un nuevo paso por la Cámara baja, en un escenario de apoyos provinciales cada vez más condicionados.
Desde el entorno del presidente Javier Milei aseguran que el proyecto “tal como está” resulta satisfactorio y que la prioridad es contar con el primer presupuesto aprobado por el Congreso desde el inicio de la gestión. En ese marco, dos integrantes de la Mesa Política confirmaron que la estrategia oficial será aprobar el texto sin modificaciones, incluso sin insistir en la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, que generaron resistencias entre gobernadores aliados.
La votación en Diputados dejó en evidencia esas tensiones. Varios mandatarios provinciales ordenaron votar en contra o abstenerse en el Capítulo XI, que incluía medidas con impacto fiscal que el Ejecutivo no estaba dispuesto a asumir sin consenso político. La falta de apoyo de gobernadores clave, como Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, terminó de sellar la suerte de ese apartado.
Ante la imposibilidad de avanzar con las derogaciones, el Gobierno optó por reordenar su estrategia. Según fuentes oficiales, el equilibrio fiscal se buscará mediante la reasignación de partidas presupuestarias, incluyendo eventuales recortes o reordenamientos de fondos destinados a las provincias. “Estamos obligados a hacerlo”, admiten en el oficialismo, aunque reconocen que esa decisión podría profundizar el malestar en algunos distritos.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto fue un artículo que habilitaba un mecanismo para compensar deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa, utilizando créditos generados durante la emergencia tarifaria. Mientras que en el caso de Edenor y Edesur la Nación asumía un rol central, para las distribuidoras provinciales el esquema implicaba que las provincias reconocieran como propia la deuda y la cancelaran con créditos contra el Estado nacional. Ese punto generó fuertes críticas de gobernadores que tenían sus cuentas regularizadas.
Tras la votación adversa del Capítulo XI, Milei convocó de urgencia a la Mesa Política y ratificó que el Presupuesto debía aprobarse “como fuera posible”, compromiso que también está atado a los acuerdos con el FMI. En las horas siguientes, el Gobierno dejó trascender que no avanzaría con la derogación de ninguna de las dos leyes cuestionadas, una señal de pragmatismo para preservar la gobernabilidad.
En Casa Rosada se realizaron al menos dos reuniones clave encabezadas por el Presidente y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la participación de Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y otros referentes del oficialismo. Aunque el discurso público fue de unidad, en privado hubo críticas por la redacción del capítulo más conflictivo del proyecto.
Mientras algunos dirigentes libertarios destacan que el oficialismo ganó 19 de las 20 votaciones en Diputados, otros advierten que se cometieron errores de estrategia que erosionaron la confianza con aliados como el PRO y varios gobernadores. En las provincias, el episodio es leído como una señal de alerta: el vínculo entre Nación y los distritos será clave para sostener las reformas futuras y evitar que el Presupuesto se convierta en el primer síntoma de un desgaste político mayor.