El juicio por la muerte de Héctor “Manchita” García transita sus horas decisivas en Corrientes, con un escenario que para la querella aparece prácticamente cerrado. El Tribunal de Juicio N°1 retomó este jueves el debate por el fallecimiento del joven de 21 años ocurrido el 13 de enero de 2021 en la Unidad Penal N°6 de San Cayetano, y todo indica que la sentencia se conocerá en el transcurso de la jornada.
La causa tiene como imputados a ocho agentes penitenciarios y se destaca por la celeridad con la que avanzó el proceso. Según el abogado querellante, Hermindo González, no existen elementos que permitan pensar en absoluciones. “No hay ninguna posibilidad de que pueda haber una sentencia absolutoria”, afirmó ante la prensa.
Dos de los acusados, Víctor Molina y Héctor Ortiz, permanecen detenidos desde la etapa de instrucción y enfrentan cargos por tortura seguida de muerte, delito que prevé como única pena la prisión o reclusión perpetua. En tanto, otros seis penitenciarios —Ramón Gómez, Ricardo Páez, Marcelo Alegre, Rubén Caamaño Castillo, Francisco Gómez y Lucas González— están imputados como partícipes no necesarios, con penas que podrían ir de 10 a 15 años de prisión. La querella adelantó que, en caso de condena, solicitará la inmediata detención de todos ellos.
El eje central de la acusación se apoya en pruebas fílmicas y pericias médicas. Según explicó González, las imágenes muestran a García ingresando caminando y en aparente buen estado de salud a un sector conocido como “box”, del cual salió sin vida cuarenta minutos después. Los informes forenses concluyen que la muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio asociado a traumatismos graves, provocados por golpes en distintas partes del cuerpo.
La querella describió una agresión de extrema violencia, con lesiones en la cabeza, el tórax, el abdomen y las extremidades, todas producidas —según sostuvo— por la intervención directa de terceros. Además, relativizó los descargos de los imputados, señalando que ninguno logró desvirtuar el peso de la prueba reunida durante el debate.
También fue cuestionada la versión de una supuesta agresión previa de García a un penitenciario, argumento que habría sido utilizado para justificar su traslado. Para la querella, ese episodio no está acreditado y formaría parte de una maniobra posterior para minimizar la gravedad de lo ocurrido.
Con los alegatos en marcha, el tribunal se apresta a dictar un fallo que podría sentar un precedente clave en la provincia en materia de responsabilidad penitenciaria y derechos humanos.