Un fallo del Juzgado Federal de Campana dispuso la entrada en vigencia directa de la Ley 27.793 y suspendió el artículo del decreto presidencial que exigía definir previamente las fuentes de financiamiento. La medida impacta en miles de personas con discapacidad que habían quedado sin cobertura plena.
La Justicia Federal de Campana ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, al hacer lugar a un amparo colectivo presentado por un grupo de padres en representación de sus hijos con Certificado Único de Discapacidad. Además, el juez Adrián González Charvay dejó sin efecto el artículo del Decreto 681/2025, que obligaba al Congreso a especificar primero el financiamiento antes de poner la norma en marcha.
La ley, aprobada en julio y luego vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo por razones fiscales, había sido finalmente promulgada por insistencia del Congreso. Sin embargo, su implementación quedó frenada por el decreto presidencial, lo que generó un vacío que afectó la continuidad de tratamientos, prestaciones básicas y servicios esenciales para instituciones y familias.
El fallo contra el decreto del Gobierno
El magistrado sostuvo que el Ejecutivo “excedió de forma manifiesta sus facultades” al condicionar la vigencia de una ley aprobada por el Congreso, una medida que consideró violatoria del artículo 83 de la Constitución Nacional. También remarcó que nada impedía al Gobierno reasignar partidas para financiar la emergencia, tal como ya había hecho en más de una veintena de ocasiones desde 2023.
Para el juez, los argumentos del Ejecutivo —que advertía desequilibrios fiscales y riesgos presupuestarios— no justificaban mantener suspendida una norma destinada a proteger a un sector especialmente vulnerable.
La situación de las familias y las instituciones
El amparo planteó que la imposibilidad de aplicar la ley agravó el subfinanciamiento crónico del sistema de discapacidad, profundizando la crisis de instituciones, transportistas, profesionales y familias que dependen del sistema de prestaciones.
La sentencia destacó el perjuicio real e inmediato que genera la falta de aplicación de la ley, especialmente para niños y adultos mayores, subrayando la obligación del Estado de garantizar medidas de protección reforzada.
Qué debe pasar ahora
Con el fallo, el Gobierno queda obligado a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad sin condicionamientos adicionales. Al mismo tiempo, se abre un nuevo escenario político y presupuestario en torno al financiamiento del sistema, que venía mostrando tensiones crecientes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.