El Gobierno nacional prepara una reforma electoral que buscará impulsar en 2026, una vez iniciadas las sesiones ordinarias. El proyecto incluye la eliminación de las PASO, cambios en la Boleta Única de Papel (BUP), modificaciones en el financiamiento de los partidos y transformaciones en la estructura interna de las fuerzas políticas.
Según confirmaron fuentes oficiales, la Casa Rosada trabaja en una propuesta que derogaría el capítulo de la ley 26.571 que regula las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, además de alterar el régimen de constitución y funcionamiento de los partidos políticos. El paquete también contempla reformas en la Ley de Financiamiento 26.215.
Uno de los puntos centrales es la intención de modificar la BUP para incorporar un casillero que permita optar por la lista completa, una alternativa que en el Gobierno consideran necesaria tras la experiencia de las elecciones legislativas, donde se detectaron confusiones en el corte por categorías.
Paralelamente, se analiza un cambio en el sistema de elección de los parlamentarios del Mercosur. La idea es que pasen a ser designados mediante un mecanismo indirecto, proporcional a la conformación de los bloques en el Congreso.
Dentro del oficialismo señalan que Karina Milei encabezará una ronda de reuniones con los presidentes provinciales de La Libertad Avanza para unificar criterios y avanzar en la adopción de la BUP en todas las provincias.
En materia de financiamiento, el Ejecutivo propone eliminar los topes a los aportes privados de campaña por personas y agrupaciones, así como suprimir el límite de gastos que actualmente se calcula según el número de electores habilitados y el valor del módulo electoral. El Gobierno quiere que ese módulo se determine cada año en la Ley de Presupuesto y que las asignaciones públicas se ajusten a la mitad de dicho valor.
Otra modificación incluida en el paquete es la derogación de la obligación de que el 35% de la inversión en publicidad digital se destine a medios periodísticos nacionales, así como la eliminación del Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión de la Cámara Nacional Electoral.