La Sala II de la Cámara Federal dispuso, por mayoría, que se investigue el origen y la autenticidad de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que dieron pie a la causa por presuntas coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos. La resolución, firmada por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico, responde a planteos de las defensas del propio exfuncionario y de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina.
Si bien el fallo no anula ni los audios ni las medidas ya adoptadas por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello —quien ya abrió 15 indagatorias—, sí genera un expediente paralelo que podría complejizar el avance del caso. Las defensas habían solicitado la nulidad del material al señalar que podría haber sido editado, manipulado o incluso generado con herramientas de inteligencia artificial.
El magistrado Casanello había rechazado previamente esos planteos, sosteniendo que es habitual que las investigaciones se inicien a partir de material periodístico y que, en este caso, los audios no fueron utilizados como prueba directa. Las grabaciones habían sido difundidas inicialmente en un programa de streaming, donde se describía un presunto sistema de recaudación ilegal y el pago de sobornos vinculados a funcionarios y proveedores del organismo.
El fallo de Cámara ordena ahora determinar el origen, contexto y posible manipulación de los audios, aunque aclara que la causa principal debe seguir su curso, basada en otros elementos reunidos por la fiscalía: comunicaciones, movimientos financieros, documentos internos, registros del sistema de prestaciones y presuntas operatorias paralelas que involucran a funcionarios y empresas proveedoras.
En voto disidente, el camarista Eduardo Farah consideró que el contenido de las grabaciones exhibe suficiente verosimilitud para justificar el inicio de la investigación, ya que contiene información precisa sobre actores, procedimientos y presuntos hechos de corrupción dentro del organismo.
En paralelo, la Sala II rechazó otro recurso de la familia Kovalivker que alegaba “cosa juzgada”, al sostener que una causa anterior sobre compras de medicamentos nunca había tenido investigación real. De esta manera, ratificó que el expediente por presunta corrupción en ANDIS debe continuar.
Mientras tanto, avanzan las indagatorias pedidas por Picardi, quien describió un presunto esquema que habría funcionado desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, orientado a direccionar compras, cartelizar proveedores, habilitar sobreprecios superiores al 100% en algunos medicamentos y distribuir retornos ilegales entre funcionarios y privados. Hasta el momento, Spagnuolo y la mayoría de los exfuncionarios citados se negaron a declarar.