Una nueva resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó el funcionamiento de los Fondos Comunes de Inversión Money Market y generó un reacomodamiento inmediato en el sistema financiero. Desde el 1º de diciembre, estos fondos solo podrán colocar hasta el 20% de su patrimonio en operaciones de caución, un cambio que impacta en los rendimientos que pagan las billeteras digitales y obliga a reorganizar estrategias en bancos, empresas y tenedores individuales.
La medida, formalizada a través de la Resolución General 1092, sigue una recomendación del Banco Central (BCRA) para acotar la participación de los Money Market en el mercado de cauciones, con el argumento de mejorar la transmisión de la política monetaria y corregir un uso considerado excesivamente transaccional. Tanto el Ministerio de Economía como la propia CNV respaldaron el nuevo límite.
En la práctica, la decisión implica que las billeteras digitales —que utilizan fondos Money Market para remunerar saldos— reducirán las tasas que pagan a los usuarios. Consultoras del sector estiman una baja cercana al 0,5% para los rendimientos minoristas.
El cambio también reordena la competencia. Los bancos, que venían de un trimestre con márgenes apretados y mayores exigencias de liquidez, recuperan protagonismo en la captación de depósitos. Para los Money Market, en cambio, la obligación de derivar más fondos hacia instrumentos bancarios o del Tesoro supone menores tasas promedio respecto de lo que ofrecía la caución.
El BCRA también se beneficia de forma indirecta: al limitar la colocación de cauciones, se reduce el volumen de dinero que paga intereses en instrumentos utilizados para administrar liquidez, lo que alivia el costo financiero del organismo.
Según datos recientes del mercado, los Money Market tenían cerca del 26% de su patrimonio invertido en cauciones a comienzos de noviembre. Con activos totales por $40.200 millones, unos $2.400 millones deberán migrar hacia alternativas como cuentas remuneradas, pases o títulos públicos.
Analistas advierten que la medida puede modificar la curva de tasas de corto plazo, influir en los spreads entre instrumentos bancarios y fondos, y empujar a empresas y particulares a recalcular cómo administrar su liquidez en un entorno con reglas nuevas.
La regulación entra en vigor el 1º de diciembre y se da en un marco de tasas en alza, volatilidad cambiaria y exigencias crecientes de política monetaria, factores que amplifican su impacto sobre inversores, bancos y administradores de fondos.