Un grupo de despachantes de aduana argentinos y brasileños manifestó su malestar por la falta de comunicación oficial y el abrupto aumento del 370% en los alquileres dentro del Centro Unificado de Frontera (CUF) del puente internacional Santo Tomé–São Borja, que comenzará a operar bajo la concesión de Rodovias do Mercosul el próximo 2 de diciembre.
Los operadores del comercio exterior expresaron su preocupación por la incertidumbre que rodea el traspaso y por la ausencia de mejoras en infraestructura o servicios, pese al incremento en los costos. Según señalaron, además del aumento en los alquileres, deberán afrontar nuevos cargos por electricidad e internet, lo que podría afectar la continuidad de sus actividades.
En una nota enviada al gerente de la concesionaria, los despachantes pidieron explicaciones sobre el criterio de aumento, el cronograma de trabajo, las prestaciones edilicias y la continuidad del sistema CUF, esencial para la gestión aduanera y la trazabilidad de las operaciones. También solicitaron que se les presente al nuevo personal a cargo y se garantice el funcionamiento del servicio de correo electrónico interno y conectividad.
El comunicado, firmado por representantes de ambos países, destaca que más de 80 funcionarios argentinos dependen de estos sistemas para mantener el flujo comercial en la frontera. En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre una posible reinstauración del peaje vecinal, lo que podría generar nuevas tensiones en la zona.