En los últimos años, Uruguay ha visto cómo la violencia letal se instala de forma persistente en su territorio, con tasas de homicidios que el propio gobierno define como “epidémicas”. Pese a que los datos más recientes muestran una leve disminución en el total de homicidios consumados durante el primer semestre de 2025, sigue latente la preocupación por el contexto y los factores de riesgo que alimentan la ola de muertes violentas.
Según el boletín semestral del Ministerio del Interior, correspondiente a los primeros seis meses de 2025, se registraron 179 homicidios consumados, apenas tres menos que en el mismo período del año anterior. Esto da una tasa aproximada de 5,0 homicidios cada 100.000 habitantes, aunque al considerar otras mediciones oficiales se habla de valores superiores —alrededor de 10,7 por cada 100.000, prácticamente el doble del promedio mundial estimado.
El vínculo entre homicidios y narcotráfico se enfatiza en diversos informes y declaraciones oficiales: se reconoce que el país —tradicionalmente considerado de baja violencia comparada con otros de la región— ha dejado de ser solamente “ruta de tránsito” para la droga, para convertirse también en centro de acopio, microtráfico y disputas de bandas, lo que incrementa los riesgos de enfrentamientos armados en zonas urbanas y fronterizas.
El ministro del Interior, Carlos Negro, admitió que las cifras “están muy por encima de lo que deben ser” y que los homicidios constituyen uno de los primeros desafíos en el diseño del nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública, que entrará en vigencia en 2026.
Ante este escenario, el gobierno impulsa una estrategia que combina reforzamiento policial, videovigilancia, gestión criminológica basada en evidencia y políticas de prevención focalizadas. Sin embargo, los expertos advierten que una buena parte del aumento de la violencia letal está asociada a problemas estructurales: bandas fragmentadas, economías ilegales rentables, bajo control estatal en ciertos territorios y falta de instrumentos efectivos de prevención.
En este contexto, Uruguay encara una coyuntura crítica: no solo bajar las cifras de homicidios, sino también reconstruir la certeza de orden estatal y convivencia cotidiana.