El presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó una nueva ley para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, en medio de la conmoción nacional por la “Operación Contención”, el operativo policial más letal en la historia de Río de Janeiro, que dejó más de 130 muertos. La norma incrementa la protección de los agentes públicos y endurece las penas para quienes obstaculicen investigaciones, mientras el gobierno busca reformar la política de seguridad y frenar los abusos policiales.
Lula defendió que Brasil necesita “una política de seguridad pública moderna, integrada y que no convierta las favelas en zonas de guerra”. El mandatario insistió en atacar las causas estructurales del narcotráfico, y no recurrir a “matanza” como respuesta estatal. El Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para coordinar las fuerzas federales y regionales y establecer mecanismos de control en los operativos.
El anuncio coincidió con el impacto nacional de la “Operación Contención”, desplegada el martes en las favelas de Penha y Alemão por el gobernador de Río, Cláudio Castro. Según el gobierno estadual, hubo 121 muertos —entre ellos cuatro policías— y más de 100 detenidos. La Defensoría Pública elevó el número a 132 y denunció ejecuciones extrajudiciales. Testimonios de vecinos y organizaciones sociales señalaron que varias víctimas fueron ultimadas por la espalda o con tiros en la nuca.
En respuesta, Lula anunció la creación de una Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado, que coordinará acciones entre el gobierno federal y los estados. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, precisó que el foco será “la inteligencia financiera y el desmantelamiento de las estructuras económicas del narcotráfico”.
El gobernador Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, defendió la operación y la calificó como “un éxito”. Afirmó que “no hubo inocentes entre los fallecidos”, postura que provocó una fuerte división política. Desde el Supremo Tribunal Federal, el juez Alexandre de Moraes convocó al gobernador y a los jefes policiales a rendir cuentas sobre el uso de la fuerza y las circunstancias de las muertes.
Mientras tanto, la derecha bolsonarista respaldó la redada como “ejemplar”, mientras el gobierno federal insiste en una reforma estructural que apunte a la raíz del narcotráfico y evite nuevos episodios de violencia masiva en las favelas.