Una polémica decisión encendió las alarmas en Mercedes. En medio de denuncias por malversación de fondos y desaparición de maquinaria municipal, el Ejecutivo local pidió a la Justicia que intervenga para “evitar filtraciones” de información sobre gastos y compras del municipio.
La medida fue confirmada por la Subsecretaria de Ingresos Públicos, quien aseguró que la presentación judicial busca “proteger los datos de los contribuyentes”, aunque la explicación generó fuertes críticas por su aparente intento de restringir el acceso a la información pública.
“Nos preocupa que queden al descubierto los datos de los contribuyentes. En muchos casos se malinterpretan los gastos, que son operaciones comunes del municipio”, justificó la funcionaria, en declaraciones que despertaron indignación.
La polémica se da en un contexto sensible: dos funcionarios del área de Obras Públicas fueron detenidos a fines de septiembre por presuntas irregularidades en contrataciones y uso de recursos municipales. Las causas judiciales avanzan, aunque el propio municipio intenta minimizar los hechos.
“En ninguno de los casos hay imputaciones formales. Las denuncias están en manos de la Justicia, pero se las utiliza con malas intenciones”, agregó la funcionaria, insistiendo en que las filtraciones “distorsionan la realidad”.
Sin embargo, la decisión de acudir a la Justicia para buscar quién filtra los documentos internos fue interpretada como un intento de silenciar o frenar el escrutinio ciudadano sobre el manejo de los fondos públicos.
Diversas fuentes locales advirtieron que las filtraciones revelaron gastos por montos que superan el millón de pesos, sin respaldo administrativo claro ni justificación presupuestaria. Además, varios de esos documentos expusieron compras irregulares y pagos duplicados a proveedores vinculados a funcionarios.
Mientras las investigaciones avanzan, la Municipalidad de Mercedes vuelve a quedar bajo sospecha por su manejo de recursos y su falta de transparencia.