En los pasillos de la Casa Rosada crece la preocupación por el impacto fiscal que ha generado la decisión de eliminar las retenciones a las exportaciones agrícolas. Funcionarios admiten que no tienen la certeza de que las cuentas no terminen complicadas por ese alivio tributario reciente.
Desde el Ministerio de Economía se muestran cautos y enfatizan que no proyectan un déficit en el mediano plazo, confiando en que un impulso en la actividad económica soporte el costo de la baja arancelaria. Aún así, reconocen que los analistas estiman que la medida podría implicar pérdidas superiores a los mil millones de dólares.
Para hacer frente a ese escenario, el Ejecutivo ya elabora recortes en diversos organismos que fueron reinstaurados tras el rechazo en el Congreso de los decretos delegados originales. Los planes abarcan instituciones como el INTI, el INTA, INV, la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y entes reguladores como la CNRT, entre otros.
En el gobierno señalan que la iniciativa de ajuste está liderada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien también trabaja en desregulaciones sobre sectores del mercado inmobiliario y de exportaciones.
También se debate internamente cuál será la hoja de ruta para las semanas venideras: priorizar recortes en organismos con menor función estratégica, ajustar estructuras redundantes, y hacerlo todo “sin colisionar con lo ya sancionado por el Congreso”.
Por otro lado, el gobierno mantiene expectativas moderadas respecto al Presupuesto 2026. Hay quienes consideran no ver con desagrado una prórroga de las partidas actuales para ganar tiempo hasta después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
En definitiva, el Ejecutivo hoy navega en aguas agitadas: apuesta a que la actividad económica absorba los costos del alivio tributario, pero al mismo tiempo prepara tijeretazos para ajustar el gasto público y contener el desequilibrio presupuestario.