El capítulo correntino del escándalo Cuadernos vuelve a poner bajo la lupa a la empresa Panedile, una de las principales contratistas de la obra pública provincial y que mantiene estrechos vínculos con la gestión de Gustavo Valdés. Su dueño, Hugo Dragonetti, aparece en la causa admitiendo pagos ilegales para acelerar desembolsos y conservar contratos de obra, y ahora ofreció US$960.390 para intentar evitar llegar al juicio oral.
La constructora, que en Corrientes concentra licitaciones clave en rutas, viviendas e infraestructura financiada con fondos nacionales y provinciales, quedó expuesta en la misma lista de poderosos empresarios que buscan “comprar impunidad” a través del mecanismo de reparación integral previsto en el Código Penal.
Panedile, de los sobornos a los contratos locales
En su declaración, Dragonetti reconoció haber pagado coimas al financista Ernesto Clarens, engranaje central de la recaudación ilegal kirchnerista. Esos pagos —según la propia confesión del empresario— tenían como fin acelerar los desembolsos del Estado vinculados a las obras adjudicadas.
Lo llamativo es que, pese a semejante prontuario, Panedile sigue siendo un socio privilegiado del Gobierno de Corrientes. En los últimos años obtuvo contratos millonarios con la administración provincial, lo que abre un interrogante sobre hasta qué punto la política correntina se beneficia y se sostiene con el respaldo de empresarios salpicados por la corrupción estructural del país.
La advertencia de la fiscalía
Durante la audiencia del caso, la fiscal Fabiana León fue categórica: “En esta fiscalía no se vende impunidad. No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado”. La frase retumba fuerte en Corrientes, donde los vínculos entre Panedile y el gobierno provincial muestran que los empresarios cuestionados a nivel nacional siguen teniendo las puertas abiertas en el ámbito local.
La Unidad de Información Financiera (UIF) también rechazó la idea de que las fortunas de los imputados puedan reemplazar la obligación de enfrentar un juicio: “Admitir la reparación integral sería mercantilizar la corrupción, convirtiendo el proceso penal en un sistema de transacciones donde el poder adquisitivo reemplaza el principio de igualdad ante la ley”.
Corrientes, atrapada en la trama
El caso de Panedile desnuda la dependencia del Gobierno de Corrientes de un sistema de contratistas con pasado oscuro, que pese a estar procesados y reconocidos como pagadores de coimas, continúan facturando gracias a licitaciones locales. La pregunta es si la provincia puede construir obras sin empresarios manchados por la corrupción, o si la complicidad entre poder político y económico sigue siendo la regla.
Lo cierto es que mientras Dragonetti busca salvarse con un cheque de casi un millón de dólares, los correntinos ven cómo sus impuestos financian a las mismas empresas que alimentaron la maquinaria de coimas que destrozó la confianza en las instituciones.