La tragedia del fentanilo contaminado en Argentina, que ya dejó 68 muertes confirmadas y decenas de casos graves en hospitales de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y CABA, escaló al ámbito político con un pedido en la Cámara de Diputados para crear una comisión investigadora. La iniciativa, impulsada por la diputada del PRO Silvana Giudici, busca esclarecer la cadena de producción y comercialización del medicamento, así como el rol de los organismos de control, pero no se trató por falta de quórum. Mientras, la Justicia avanza con pruebas genéticas que podrían confirmar la responsabilidad penal de los laboratorios involucrados.
Una crisis sanitaria sin precedentes
El caso, centrado en el lote 31202 de Fentanilo HLB/Citrato de Fentanilo (0,05 mg/ml, solución inyectable), fabricado por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., ha sido calificado como uno de los mayores escándalos sanitarios del país. Este lote, que contenía 154.530 ampollas, fue prohibido por la ANMAT el 11 de marzo de 2025 tras detectarse contaminación con bacterias letales como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, responsables de infecciones graves como neumonía en pacientes, muchos en terapia intensiva. Se estima que 33.731 dosis fueron aplicadas, afectando a pacientes en al menos 19 centros de salud de cuatro jurisdicciones.
El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación en La Plata, confirmó 68 muertes vinculadas al medicamento, con 20 casos adicionales en estudio. De las ampollas, 64.003 fueron recuperadas, 45.391 están en depósitos judiciales, y 11.405 aún son rastreables, aunque no recolectadas. Las provincias más afectadas son Santa Fe (46 casos confirmados, 40 muertes), Buenos Aires (19 casos, 15 en el Hospital Italiano de La Plata), y CABA (2 casos). En Córdoba, el caso de Giovanni, un bebé de tres meses en estado crítico tras recibir el medicamento en la Clínica Vélez Sarsfield, ha conmocionado a la opinión pública.
Investigación judicial y responsabilidades
La Justicia apunta a Ariel García Furfaro, principal responsable de HLB Pharma, junto a 24 personas vinculadas a los laboratorios, incluidos familiares y directores técnicos, quienes enfrentan embargos y prohibición de salida del país. El juez Kreplak ordenó peritajes genómicos al Instituto Malbrán, que confirmaron que las bacterias en las ampollas coinciden con las halladas en los pacientes fallecidos, fortaleciendo la hipótesis de contaminación en la etapa de fabricación.
La ANMAT reveló que HLB Pharma carece de habilitación vigente para operar, con un historial de 267 expedientes por irregularidades, incluyendo 117 por fallas de calidad y 130 alertas sanitarias. Además, el Ministerio de Seguridad denunció que la empresa presentó un certificado municipal falso en San Isidro para importar citrato de fentanilo en diciembre de 2023, un delito que podría acarrear hasta seis años de prisión bajo la Ley de Estupefacientes.
Repercusiones políticas
En el Congreso, la propuesta de Silvana Giudici para crear una comisión investigadora buscaba analizar la cadena de producción, distribución y control del fentanilo, además de proponer reformas para evitar futuros incidentes. Giudici criticó la falta de apoyo del kirchnerismo, sugiriendo conexiones con el laboratorio que habrían permitido su operación irregular. “Nadie debe quedar impune”, afirmó, destacando que HLB Pharma no debería haber sido habilitado. Aunque el proyecto no avanzó por falta de quórum, refleja la creciente presión social y política para esclarecer responsabilidades.
Voces de las víctimas
Familiares de las víctimas, como la madre de Giovanni, exigen justicia. En Santa Fe, donde se reportaron la mayoría de los casos, y en La Plata, los afectados denuncian falta de transparencia inicial por parte de los hospitales. La Municipalidad de Rosario evalúa iniciar un juicio por daños contra HLB Pharma, mientras Santa Fe se sumó como querellante en la causa.