El exsenador Edgardo Kueider, bajo arresto domiciliario en Asunción, Paraguay, tras ser detenido el 4 de diciembre de 2024 con USD 211.000 sin declarar, dio una entrevista radial a Radio Con Vos, donde insistió en su inocencia y atacó a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien impulsa su extradición desde Argentina por una causa de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito vinculada al caso Securitas. Kueider, acompañado por su secretaria Iara Guinsel Costa, rechazó la extradición simplificada, lo que retrasa su traslado a Argentina.
Kueider calificó la investigación de Arroyo Salgado como una “truchada” y una “falsedad total”, acusándola de inflar los cargos al pedir la pena máxima de 14 años por lavado de activos, frente a una mínima de 4,5 años. Comparó su caso con la condena de Cristina Kirchner (6 años por la causa Vialidad), sugiriendo que la jueza busca “darle volumen” a la acusación para posicionarse mediáticamente o aspirar a un cargo en la Corte Suprema. “Me usan de chivo expiatorio en una causa de impacto mediático”, afirmó, cuestionando la competencia de Arroyo Salgado para investigar hechos en Entre Ríos, ya que la causa depende de su conexión con Securitas.
La causa Securitas, iniciada en 2020 tras una autodenuncia de la empresa de seguridad, investiga coimas pagadas a funcionarios para obtener contratos con entidades como ENERSA, donde Kueider fue síndico y secretario general durante el gobierno de Gustavo Bordet. Arroyo Salgado vincula el dinero de posibles sobornos a inversiones inmobiliarias de Kueider, como tres departamentos en Paraná a nombre de Betail S.A., una empresa sin actividad económica real. La jueza ordenó allanamientos y detuvo a socios de Kueider, como su primo Javier Rubel y Rodolfo Daniel González, dueño de la camioneta usada en el intento de contrabando.
En Paraguay, Kueider y Guinsel enfrentan un juicio oral por tentativa de contrabando, tras intentar ingresar desde Brasil con USD 211.000, $646.000 y 3,9 millones de guaraníes en una mochila. Kueider niega que el dinero sea suyo, alegando que Guinsel actuó como “intermediaria” en operaciones inmobiliarias legales en Paraguay, aunque no especificó detalles. Sostuvo que no tenía sentido llevar dinero desde Argentina, dado el blanqueo habilitado, y que el control aduanero fue inusual tras un entredicho con un agente. El proceso de extradición, iniciado por el juez Rolando Duarte, está pausado hasta resolver la causa paraguaya, lo que podría demorar meses o años, similar al caso de Pepín Rodríguez Simón.
Kueider, expulsado del Senado el 12 de diciembre de 2024 por 60 votos a favor, perdió sus fueros tras el pedido de Arroyo Salgado, quien también solicitó allanar su departamento en Asunción y secuestrar sus teléfonos. El exsenador, que apoyó la Ley Bases de Javier Milei, denunció una “operación política” en su contra, comparando su caso con el de José López y sugiriendo “fuego amigo” tras la difusión de un video donde aparece contando dólares. La Justicia paraguaya propuso una indagatoria virtual, pero Kueider insiste en resolver primero el caso de contrabando para “aclarar” su situación antes de volver a Argentina, donde enfrentaría prisión preventiva.