Mientras la provincia de Corrientes se prepara para las elecciones del próximo 31 de agosto, una serie de decisiones del gobierno de Gustavo Valdés encendieron las alarmas sobre la transparencia y el uso del aparato estatal para fines políticos. La empresa privada Andreani, que este año tendrá a su cargo el transporte de urnas tanto en las elecciones provinciales como nacionales, fue beneficiada con una propuesta directa del gobernador para acceder a un crédito blando del Banco de Corrientes, con el fin de instalar un centro de logística regional en la provincia.
La información, confirmada por fuentes oficiales y sindicales, indica que el Banco de Corrientes financiaría con fondos públicos una millonaria inversión privada de Andreani, en condiciones preferenciales. En paralelo, la misma empresa fue contratada por la administración provincial para encargarse del traslado de urnas en los comicios, desplazando por primera vez en la historia al Correo Argentino del proceso electoral local.
Lo más grave, según denuncias que ya circulan en ámbitos gremiales y políticos, es que la empresa comenzó a capacitar personal para operar el día de las elecciones, y entre ellos hay personas vinculadas directamente al gobierno provincial. Además, se estableció que habrá un policía de Corrientes a bordo de cada vehículo que transporte urnas, lo que refuerza la percepción de control político sobre un proceso que debería garantizarse con neutralidad institucional.
«Cuando el que transporta las urnas también recibe favores del gobierno, la democracia empieza a parecerse demasiado a una autocracia disfrazada», lanzó una fuente política opositora consultada por este medio. La combinación entre negocio, poder y discrecionalidad representa, según diversos espacios, una de las mayores amenazas a la transparencia electoral en Corrientes desde la recuperación democrática.
Lo más preocupante es que, con este esquema de favores cruzados y concentración operativa en manos de actores cercanos al oficialismo, comienza a instalarse entre sectores políticos y sociales la sospecha de un posible fraude electoral. La opacidad en los contratos, la ausencia de controles externos y la intervención directa del Estado en cada instancia del proceso electoral —desde la financiación hasta la logística— hacen temer que el resultado del 31 de agosto esté previamente condicionado. La democracia, advierten algunos dirigentes, no solo se pone en riesgo cuando se restringen derechos, sino también cuando el árbitro se vuelve jugador.