La confirmación de las condenas contra Lázaro Báez en las causas “Ruta del Dinero K” y “Vialidad” desató un conflicto entre el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) y el juez comercial Jorge Sícoli, a cargo de la quiebra de Austral Construcciones. La Corte Suprema de Justicia debe definir la competencia sobre los bienes del empresario, embargados en múltiples expedientes. El TOF 2, que lleva la causa Vialidad, pidió al juez Sícoli un informe detallado sobre la liquidación de activos, mientras el TOF 5, responsable de Los Sauces-Hotesur, reclama frenar las subastas para priorizar el decomiso penal.
En la causa Vialidad, el TOF 2 ordenó a los condenados, incluyendo a Cristina Kirchner y Báez, pagar $684.990 millones por maniobras fraudulentas antes del 13 de agosto. Ante la probable falta de pago, el tribunal ejecutará bienes, solicitando información sobre la quiebra de Austral Construcciones. Según fuentes, solo resta rematar el obrador central de Río Gallegos y una parcela vecina, valuados en US$2 millones, además de lotes de máquinas y vehículos. Desde 2017, la quiebra vendió decenas de campos, departamentos y vehículos, como un garage en Chaco, una construcción en Buenos Aires y oficinas en Chubut, con gran parte de los fondos destinados a la ex AFIP y el Banco Nación.
En diciembre de 2023, el TOF 5, liderado por el juez José Michilini, exigió detener las subastas y entregar los bienes de Austral Construcciones a Vialidad Nacional o el Ministerio de Seguridad, argumentando que estaban embargados en Los Sauces-Hotesur. Sin embargo, el juez Sícoli continuó con la liquidación, y la Cámara Comercial ordenó resguardar los fondos recaudados desde el 15 de diciembre de 2023 en cuentas judiciales hasta que la Corte Suprema resuelva. El procurador Eduardo Casal respaldó al juez comercial, argumentando que no hay prioridad legal para el decomiso penal sobre los derechos de acreedores.
El TOF 2 y el TOF 4, por las causas Vialidad y Ruta del Dinero K”, avanzan en el decomiso, con el TOF 4 considerado prioritario por haber confirmado su condena antes. Además, los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani pidieron embargar bienes de empresas como Kank y Costilla SA, Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL y Gotti SA, vinculadas a Báez. En Los Sauces-Hotesur, aún pendiente una pericia contable, se tasarán propiedades como el departamento de San José 1111 (donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria), 10 departamentos en Río Gallegos y dos en Juncal, además de un dúplex en Madero Center valuado en US$2.442.000 con cinco cocheras.