El Gobierno de Javier Milei anunció el viernes 25 de julio la postergación hasta el 10 de noviembre de la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py y el fuero penal-económico de la Ciudad de Buenos Aires, originalmente prevista para el 11 de agosto. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, atribuyó la demora a “reiterados reclamos” del Ministerio Público Fiscal (MPF), acusando a los fiscales de “falta de preparación suficiente” y de esgrimir “excusas corporativas”. El comunicado, difundido por redes sociales sin aviso previo a los magistrados, generó malestar en el Poder Judicial, especialmente en Comodoro Py, donde fiscales y jueces consideran que no se garantizan los recursos necesarios para la reforma.
El sistema acusatorio, que transfiere a los fiscales el liderazgo de las investigaciones penales, relegando a los jueces a un rol de garantes, ya rige en provincias como Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, y Mar del Plata. Sin embargo, en Comodoro Py, donde se tramitan causas sensibles de corrupción, la transición enfrenta obstáculos. El procurador general interino, Eduardo Casal, advirtió en varias notas a Cúneo Libarona sobre la falta de personal, infraestructura edilicia y tecnología, incluyendo salas de audiencias, áreas para víctimas y depósitos de evidencia. En una nota del 11 de julio, Casal señaló que la implementación era “prematura” y carecía de “previsibilidad”. A esto se suma la cesión inconclusa de un edificio en el predio de la ex ESMA para las fiscalías, lo que agrava las carencias logísticas.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, escaló la tensión al criticar al Poder Judicial como “el último reducto de la casta” durante un evento en la Sociedad Rural Argentina. En tono jocoso, afirmó que estudiaba “los métodos de la Revolución Francesa” para reformar el sistema judicial, en referencia a fallos que frenaron medidas como la desregulación de la Marina Mercante. Estas declaraciones fueron rechazadas por la Asociación de Magistrados, cuyo presidente, Andrés Basso, defendió el rol del Poder Judicial como contrapeso en un Estado de Derecho. Julio Piumato, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, calificó los dichos como un intento de “disciplinar” a los jueces, mientras Matilde Bruera, de Justicia Legítima, los consideró una amenaza a la independencia judicial.
En Comodoro Py, la resistencia al sistema acusatorio tuvo figuras visibles. El fiscal Raúl Pleé pidió el 15 de julio a la Asociación de Fiscales postergar la reforma por problemas logísticos, mientras el fiscal Carlos Stornelli fue apartado por el camarista Mariano Llorens de una investigación contra Cúneo Libarona por la implementación del sistema en Mar del Plata, tras extender su pesquisa a Buenos Aires. El Ministerio de Justicia defendió que la reforma es “irreversible” y cuenta con “recursos suficientes”, destacando el apoyo de organismos como el GAFI y la OCDE, además de un préstamo del BID. Sin embargo, los fiscales sostienen que las causas complejas de Comodoro Py requieren mayor preparación que en otras jurisdicciones.
La prórroga, celebrada por sectores judiciales como un gesto de “sensatez”, según Piumato, se interpreta en el Gobierno como una estrategia para ganar tiempo hasta después de las elecciones del 7 de septiembre, esperando un resultado favorable que fortalezca su posición frente al MPF. La falta de coordinación y las acusaciones mutuas anticipan un escenario de mayor confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.