Una versión que comenzó a circular con fuerza esta semana genera preocupación en el escenario electoral de Corrientes: por primera vez en la historia, el Gobierno provincial prescindiría del Correo Argentino para el traslado de urnas y actas, y en su lugar contrataría a la empresa privada Andreani. Hasta el momento, no hubo desmentida oficial, pero tampoco confirmación clara. El silencio, en este caso, habla demasiado fuerte.
Mientras la Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de Información (Susti) promociona con entusiasmo la incorporación de “nuevas tecnologías” para el escrutinio del 31 de agosto, evita responder una pregunta clave: ¿quién será el responsable logístico del proceso electoral? Consultas periodísticas al Correo Argentino no recibieron respuesta, y desde adentro del organismo admiten que “no nos quieren dar información”.
El posible reemplazo de una empresa estatal por una privada, sin transparencia, sin licitación pública visible y sin participación de la ciudadanía, genera más dudas que certezas. La logística electoral no es una tarea menor: se trata de quién manipula y traslada las urnas, quién recoge las actas, quién garantiza que los datos lleguen sin alteración al centro de cómputos.
¿A quién se le entrega ahora esa responsabilidad? ¿Quién controla los intereses de una empresa con fines de lucro, si se confirma que Andreani será la elegida?
Si bien desde el Gobierno afirman que todo el proceso será “más rápido y moderno”, lo cierto es que no hay garantías de mayor transparencia. Por el contrario: el reemplazo del Correo, una institución con décadas de experiencia en logística electoral, puede interpretarse como un intento de concentrar el control del proceso en manos de pocos y por fuera del Estado nacional.
En un contexto donde se juega la continuidad o el cambio del poder en Corrientes, y donde se utilizan incluso cortes de luz para castigar a quienes no se alinean con el oficialismo, esta jugada siembra una sombra sobre el resultado del 31 de agosto.