El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, formalizó su respaldo a Argentina en la causa por la expropiación de YPF en 2012, donde el país enfrenta una condena de USD 16.100 millones. En un escrito presentado como amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el Departamento de Justicia solicitó suspender la orden de la jueza Loretta Preska que obliga a Argentina a entregar su 51% de acciones de YPF a los demandantes, representados por Burford Capital, hasta que se resuelva la apelación. Este apoyo, que se suma al expresado en noviembre de 2024 bajo la administración Biden, refuerza la postura argentina basada en la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) de 1976, que protege los activos soberanos fuera de EE.UU.
Detalles del respaldo
El Departamento de Justicia argumentó que la orden de Preska viola los principios de inmunidad soberana de la FSIA, ya que las acciones de YPF, registradas en Buenos Aires, no están sujetas a la jurisdicción estadounidense. Además, destacó que forzar la entrega causaría un daño irreparable a Argentina, ya que perdería el control de su mayor empresa energética, un activo clave para su economía, con un impacto estimado en USD 6.000 millones. Los escritos, firmados por el fiscal Jay Clayton y el asistente Sean Buckley, advierten que la decisión podría sentar un precedente perjudicial para las relaciones exteriores de EE.UU., permitiendo a tribunales extranjeros incautar activos estadounidenses en el futuro. También señalaron que Argentina no puede vender las acciones sin aprobación legislativa, lo que garantiza que los demandantes no se verán perjudicados por la suspensión.
Contexto del caso YPF
La causa se originó en la expropiación del 51% de YPF en 2012, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, sin una oferta pública a los accionistas minoritarios Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management. En septiembre de 2023, Preska ordenó a Argentina pagar USD 14.390 millones a Petersen y USD 1.710 millones a Eton Park, sentencia que Argentina apeló. La jueza, aplicando la excepción de actividad comercial de la FSIA, ordenó el 30 de junio de 2025 la entrega de las acciones a BNY Mellon para transferirlas a los demandantes, rechazando los argumentos de inmunidad soberana y comidad internacional. Argentina, representada por Sullivan & Cromwell, sostiene que la orden viola la Ley de Expropiación nacional, que requiere una mayoría de dos tercios en el Congreso para transferir las acciones.
Implicaciones y críticas
El respaldo de EE.UU. es un giro significativo, ya que en 2019, bajo Mauricio Macri y Trump, el Departamento de Justicia se opuso a Argentina en un fallo de la Corte Suprema. La Procuración del Tesoro, liderada por Santiago Castro Videla, destacó la solidez de los argumentos argentinos y la política exterior de Javier Milei, que ha fortalecido la alianza con EE.UU. Sin embargo, la decisión no es vinculante, y Preska ya falló contra el Departamento de Justicia en julio de 2025. Los demandantes, liderados por Burford, presentaron el 17 de julio sus argumentos para ejecutar la sentencia, alegando que Argentina ha evadido el pago durante años. El exministro Axel Kicillof, señalado por Milei como responsable de la expropiación, calificó el fallo como un “ataque a la soberanía” y defendió la nacionalización de YPF.