Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron un pedido al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para implementar medidas que aseguren el decomiso de bienes de los condenados en la causa Vialidad, incluyendo a la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras ser sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. La solicitud busca extender a todos los condenados las restricciones ya impuestas a Lázaro Báez, prohibiendo cualquier movimiento jurídico que afecte su patrimonio, con el objetivo de recuperar más de US$500 millones desfalcados al Estado. La medida, que incluye bienes transferidos a terceros como Máximo y Florencia Kirchner, intensifica la presión legal sobre la exmandataria en un contexto político cargado de tensiones.
Detalles del pedido
El escrito de los fiscales, fechado el 14 de julio de 2025, enfatiza la necesidad de “adoptar recaudos en tiempo oportuno” para cumplir con la orden de decomiso dispuesta por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, y Andrés Basso. Luciani y Mola pidieron extender las restricciones aplicadas a Báez, condenado a seis años, a los demás imputados, incluyendo a Kirchner, José López, Nelson Periotti, y exfuncionarios de Vialidad Nacional. Estas medidas buscan evitar maniobras que diluyan el patrimonio, como las transferencias de bienes de Kirchner a sus hijos, detectadas por la Justicia. Según posts en X, el decomiso abarca cajas de ahorro, inmuebles, and otros activos valuados en $86.000 millones como base, con un plazo de 10 días para el pago, bajo amenaza de remate judicial.
Contexto de la causa
La causa Vialidad, que investiga el desvío de fondos públicos en obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, culminó con la condena de Kirchner en diciembre de 2022, ratificada por la Cámara de Casación en noviembre de 2024. El fallo estableció un desfalco de US$84 millones (equivalentes a US$500 millones actualizados), adjudicando a Kirchner un rol central en la maniobra fraudulenta. La expresidenta, que cumple su condena en su domicilio en El Calafate, generó controversia al aparecer en el balcón saludando a militantes, tras una aclaración judicial que lo permitió. La solicitud de decomiso, elevada por Luciani al juez Gorini, incluye un listado detallado de bienes, aunque posts en X advierten que las transferencias previas a Máximo y Florencia podrían complicar la ejecución.