El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, enfrenta un desafío crítico tras la aprobación en el Senado de leyes que chocan con su política de equilibrio fiscal, incluyendo el aumento de jubilaciones, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad, el impuesto a los combustibles y la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Con un plazo de diez días hábiles para vetar estas normas, la Casa Rosada, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, ha iniciado un operativo urgente para convencer a los gobernadores de que sus bloques en el Congreso no rechacen los vetos presidenciales. El objetivo es asegurar al menos 86 diputados que impidan a la oposición alcanzar los dos tercios necesarios (172 votos) para anular los vetos y convertir las leyes en obligatorias.
Estrategia de negociación
Francos, conocido por su perfil dialoguista, lidera las conversaciones con gobernadores, especialmente los alineados con el PRO, la UCR y algunos peronistas que han apoyado al oficialismo en el pasado. Según el jefe de Gabinete, “hay gobernadores que quieren acordar con nosotros”, destacando la buena imagen de Milei en varias provincias y un supuesto respaldo popular a las políticas de recorte del gasto público. Las negociaciones incluyen posibles concesiones presupuestarias, como fondos de los ATN, devoluciones de coparticipación o incluso acuerdos electorales de cara a las legislativas de octubre de 2025. Francos señaló que estas discusiones se dan en un “clima electoral”, sugiriendo que las alianzas políticas podrían ser una moneda de cambio. Sin embargo, la Casa Rosada insiste en que no hay recursos para financiar los gastos propuestos y cuestiona las fuentes de financiamiento incluidas en las leyes, afirmando que no son viables.
Contexto legislativo
Las leyes aprobadas por el Senado el pasado jueves representan un revés significativo para el Gobierno, que las considera una amenaza al déficit cero, un pilar de la gestión de Milei. Si el veto presidencial es rechazado por dos tercios de ambas cámaras (172 deputados y 48 senadores), las normas quedarían promulgadas automáticamente. En ese caso, Milei anticipó que judicializará las leyes, alegando irregularidades en su tratamiento o impacto fiscal. En cambio, si el oficialismo logra que al menos 86 deputados no apoyen el rechazo al veto —ya sea por ausencias, abstenciones o votos en contra—, los proyectos caerían. Por ello, el foco está en Diputados, donde el oficialismo cuenta con más aliados que en el Senado, y en los gobernadores, quienes influyen en los bloques legislativos de sus provincias.
Desafíos y tensiones
El operativo enfrenta obstáculos. La relación con los gobernadores está tensa desde que Milei los acusó de querer “destruir al Gobierno” tras su ausencia masiva en un acto por el 9 de Julio en Tucumán, cancelado oficialmente por cuestiones climáticas. En redes sociales, usuarios como @marianoobarrio han instado a los gobernadores a “no ceder una coma” en las negociaciones, reflejando un clima de desconfianza. Además, la estrategia electoral de Karina Milei, que prioriza listas propias de La Libertad Avanza en lugar de alianzas con gobernadores, complica los acuerdos. Por ejemplo, en Corrientes, el oficialismo descartó una alianza con el radical Gustavo Valdés, lo que podría alejar apoyos clave. En contraste, gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Hugo Passalacqua (Misiones) son vistos como potenciales aliados.
Proyecciones
El Gobierno busca ganar tiempo retrasando los vetos hasta el 30 de julio, aprovechando el receso invernal del Congreso (21 de julio al 1 de agosto) para recomponer vínculos. Un encuentro previsto en la Exposición de la Sociedad Rural Argentina este jueves podría servir como escenario para acercar posiciones con mandatarios provinciales. Francos confía en sumar apoyos de bloques como el PRO, el MID y radicales dialoguistas, pero la oposición, fortalecida por su victoria en el Senado, prepara una sesión el 30 de julio para insistir con otros proyectos, como el financiamiento universitario y la emergencia en Bahía Blanca. Si el oficialismo no logra los 86 votos necesarios, los vetos podrían caer, forzando a Milei a recurrir a la vía judicial, lo que profundizaría la polarización en un año electoral clave.