El presidente Javier Milei confirmó su intención de vetar cuatro leyes aprobadas por el Senado el 10 de julio con amplias mayorías: un aumento del 7,2% a jubilaciones más un bono de $110.000, la moratoria previsional por dos años, la emergencia en discapacidad hasta 2027, y el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) para las provincias. Estas iniciativas, impulsadas por Unión por la Patria con apoyo de sectores de UCR y PRO, representan un desafío al plan de déficit cero del gobierno. A continuación, se analizan los posibles escenarios tras los vetos, según el marco constitucional y el contexto político.
Proceso del veto presidencial
Según el Artículo 80 de la Constitución Nacional, Milei tiene 10 días hábiles desde la recepción de las leyes para vetarlas total o parcialmente. Si no actúa, las leyes se promulgan automáticamente. Si veta, los proyectos regresan a la Cámara de Diputados (cámara de origen), donde se requiere una mayoría de dos tercios (172 de 257 votos) para rechazar el veto. Si Diputados insiste, el proyecto pasa al Senado, que también debe ratificarlo con dos tercios (48 de 72 votos). Si ambas cámaras logran esta mayoría, la ley se promulga sin que el Ejecutivo pueda objetarla. Si el gobierno asegura al menos 86 votos en Diputados o 24 en el Senado, el veto se sostiene y las leyes no entran en vigencia.
Escenarios posibles
- El veto se sostiene:
- Milei necesita que al menos 86 diputados o 24 senadores (un tercio más uno en alguna cámara) apoyen su veto. En 2024, logró resistir un veto a una ley de movilidad jubilatoria con 87 diputados, a los que llamó los “87 héroes” y agasajó en Olivos.
- La Casa Rosada busca negociar con gobernadores de UCR y PRO (como Jorge Macri, Alfredo Cornejo, o Gustavo Valdés) ofreciendo ATN u otros recursos. Sin embargo, la tensión con aliados tras la sesión del Senado, donde Victoria Villarruel fue acusada de “traidora” por presidir, complica estas negociaciones.
- Si el veto se sostiene, las leyes no se aplican, manteniendo el statu quo fiscal, pero el costo político podría ser alto en un año electoral.
- El Congreso revierte el veto:
- La oposición logró amplias mayorías en el Senado: 52 votos para el aumento jubilatorio (unanimidad, con 4 abstenciones), 56 votos para los fondos provinciales, y 39 votos para la moratoria y discapacidad.
- En Diputados, las leyes obtuvieron 142 votos para el aumento jubilatorio, 111 votos para la moratoria, y apoyos similares para la emergencia en discapacidad.
- Si la oposición mantiene o amplía estos números, superando los dos tercios in ambas cámaras, las leyes se promulgarán, obligando al gobierno a:
- Aumentar jubilaciones y bonos (costo estimado: 1,8% del PBI).
- Restituir la moratoria previsional, permitiendo jubilaciones sin 30 años de aportes.
- Financiar prestaciones para discapacidad (impacto fiscal: 0,22% a 0,42% del PBI).
- Redistribuir ATN y el ICL a provincias (impacto: 0,11% del PBI).
- Esto rompería el equilibrio fiscal, pilar del programa económico de Milei, y podría generar volatilidad en el dólar, según advirtió el ministro Luis Caputo.
- Judicialización:
- Milei anticipó que, si el veto es rechazado, judicializará las leyes, cuestionando su constitucionalidad o el procedimiento de la sesión, que el oficialismo califica de “ilegal” por ser “autoconvocada”.
- Sin embargo, expertos como Andrés Gil Domínguez sostienen que el Ejecutivo no tiene legitimación para impugnar decisiones internas del Congreso, lo que reduce las chances de éxito de esta estrategia.
- La judicialización podría dilatar la aplicación de las leyes, dando tiempo al gobierno hasta después de las elecciones legislativas de octubre 2025, cuando espera fortalecer su bancada y “revertir” estas medidas.
Contexto político y desafíos
- Tensión con Villarruel: La vicepresidenta, acusada por Milei y Patricia Bullrich de convalidar una sesión “ilegítima”, defendió su rol institucional, argumentando que el Senado es “soberano”. Esto agrava la interna en La Libertad Avanza y debilita la cohesión del oficialismo.
- Gobernadores dialoguistas: Los 10 gobernadores de UCR y PRO que no apoyaron el aumento jubilatorio ni la emergencia en discapacidad priorizan los fondos de ATN e ICL. Negociar con ellos será clave, pero su relación con Milei está deteriorada tras ser tildados de “degenerados fiscales”.
- Año electoral: Con elecciones en octubre, vetar medidas populares como el aumento a jubilados o la emergencia en discapacidad podría costarle apoyo popular. La oposición, liderada por Unión por la Patria, capitaliza el descontento social, mientras aliados como Luis Juez respaldaron la emergencia en discapacidad por su “mínimo acompañamiento” al sector.
- Impacto social: Las leyes buscan mitigar el ajuste del “plan motosierra”. La moratoria beneficia a 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 hombres que no alcanzan los 30 años de aportes por informalidad. La emergencia en discapacidad responde a recortes de 400.000 pensiones y desfinanciamiento de ANDIS.
Estrategia de Milei
Milei apuesta a tres frentes:
- Negociación con Diputados: Busca reunir los 86 votos necesarios para sostener el veto, apelando a los “87 héroes” de 2024 y presionando a gobernadores con recursos como ATN.
- Judicialización: Si el veto cae, intentará frenar las leyes en tribunales, aunque con bajas probabilidades de éxito.
- Tiempo y elecciones: Dilatar la implementación hasta después de octubre, esperando que un mejor resultado electoral le permita revertir las leyes a partir del 11 de diciembre.
Riesgos y proyecciones
Si el veto se sostiene, Milei preservará su déficit cero, pero enfrentará críticas por ignorar a sectores vulnerables, lo que podría debilitarlo en las elecciones. Si el Congreso revierte el veto, el impacto fiscal (estimado en 2% a 2,5% del PBI por los gobernadores) podría desestabilizar la economía, aunque la oposición asegura que los fondos provendrían de reasignaciones presupuestarias. La judicialización, aunque improbable, podría generar incertidumbre jurídica. La capacidad de Milei para negociar con aliados y contener la interna con Villarruel será decisiva para evitar un revés político mayor.