Organizaciones de personas con discapacidad, como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y el Foro por los Derechos de la Discapacidad, reclaman la sanción de la ley de emergencia en discapacidad que debate hoy el Senado, tras obtener media sanción en Diputados. Denuncian que el plan de ajuste de Javier Milei recortó 400.000 pensiones no contributivas (un tercio del total de 1,2 millones), congeló aranceles de prestaciones de salud y educación, y desmanteló la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con 340 despidos, incluyendo personal con discapacidad y delegados sindicales. La pensión por invalidez laboral está en $217.000 (70% de la jubilación mínima), la hora de un maestro de apoyo en $3.000, y los talleres protegidos reciben $28.000 mensuales, sin actualizarse desde febrero 2023.
El ajuste, que incluye un nuevo baremo que exige un 66% de incapacidad laboral y prohíbe compatibilizar la pensión con empleo formal, redujo el valor real de las pensiones en un 56% entre 2023 y 2024. Las prestaciones, como psicomotricidad ($12.370 por hora), no se actualizan desde diciembre 2024, forzando a familias a cubrir costos. La ANDIS, con atención limitada y sin canales de comunicación, dejó de priorizar políticas sociales. Las organizaciones protagonizaron marchas en Olivos y el Congreso, y hoy se movilizarán nuevamente.
Qué propone la ley: El proyecto flexibiliza el acceso a pensiones mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que podría sumar entre 493.000 y 946.000 beneficiarios (0,22% a 0,42% del PBI). Propone un aumento extraordinario para prestadores, financiado por Superintendencia de Servicios de Salud, PAMI e Incluir Salud (0,03% del PBI), y un ajuste para talleres protegidos (0,0008% del PBI). También busca recuperar el modelo social de discapacidad, alineado con la Convención de la ONU, frente al enfoque médico actual. Según Pablo Molero, referente del Foro, la ley garantizaría aranceles justos y derechos cuestionados por el gobierno.