La Confederación General del Trabajo (CGT) condenó el Decreto 461/2025 del gobierno de Javier Milei, que disuelve la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. La central obrera calificó la medida como “intempestiva e improvisada”, advirtiendo que el abandono de las rutas nacionales incrementará los accidentes viales, una de las principales causas de muerte en Argentina, y pondrá en riesgo miles de empleos. La CGT se solidarizó con los trabajadores y respaldó posibles medidas de fuerza para defender los puestos laborales y la seguridad vial.
La DNV, creada en 1932, gestionaba la planificación y mantenimiento de 48.000 km de rutas nacionales, de las cuales el 70% están deterioradas. Sus funciones pasan al Ministerio de Economía, que licitará 9.120 km, mientras la Gendarmería Nacional asumirá el control de tránsito con 2.5 millones de controles anuales. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se transforma en la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte para fiscalizar concesiones viales. El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó el cierre acusando a la DNV de ser un “ícono de la corrupción” y estimó un ahorro de USD 87.9 millones anuales.
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA), Graciela Aleñá, denunció que la falta de mantenimiento y la retención de $400.000 millones del impuesto a los combustibles afectarán la seguridad y las condiciones laborales. Gremios y legisladores piden a los gobernadores intervenir para revertir la medida, alertando sobre el impacto en la conectividad federal y el aumento de costos de fletes por la privatización.