La Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, y Diego Barroetaveña, revisa hoy a partir de las 12:00 en los tribunales de Comodoro Py tres aspectos clave de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner por su condena a seis años en la causa Vialidad: el beneficio de la domiciliaria, el uso de la tobillera electrónica, y el régimen de visitas restringido. La audiencia enfrenta los argumentos de la defensa, representada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, contra los de la fiscalía, a cargo de Mario Villar, con un fallo esperado en cinco días hábiles.
Posición de la defensa: Los abogados de Kirchner cuestionan la tobillera electrónica, argumentando que es innecesaria debido a la custodia permanente de la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal, la visibilidad pública de la expresidenta, y su historial de cumplimiento judicial, incluyendo viajes al exterior con retorno informado. Sostienen que el dispositivo tiene un “contenido simbólico” que actúa como “castigo adicional” y contraviene el artículo 33 de la Ley de Ejecución Penal, mal interpretado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2). También objetan las restricciones de visitas, que limitan el acceso sin autorización previa a familiares, médicos, custodios, y abogados, mientras otros, como el presidente de Brasil Lula da Silva, requieren permiso judicial. Alegan que esta medida viola el derecho a la vida familiar y social, especialmente porque Kirchner necesita reunirse con contadores y apoderados para cuestiones administrativas diarias, y que no existe norma que justifique estas limitaciones, ausentes en otros casos de domiciliaria.
Posición de la fiscalía: Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelan la prisión domiciliaria otorgada por el TOF2 el 17 de junio de 2025, tras la confirmación de la condena por la Corte Suprema el 10 de junio. Argumentan que la domiciliaria es un “privilegio” que vulnera la igualdad ante la ley, y que Kirchner debe cumplir su pena por administración fraudulenta en una cárcel común, como establece el Código Penal y la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Sostienen que no hay razones humanitarias, de salud, o edad (72 años) que justifiquen la excepción, citando un informe socioambiental del 12 de junio donde Kirchner afirmó estar en “buen estado de salud general”. Añaden que el encierro carcelario no implicaría un menoscabo a su integridad, y que el beneficio genera un “gravamen concreto” al interés público de cumplir penas por corrupción en establecimientos penitenciarios.
Contexto de la condena: Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, Monserrat, desde el 17 de junio, con reglas de conducta que incluyen no alterar la tranquilidad del vecindario y limitar apariciones públicas, como saludos desde el balcón. La condena por la causa Vialidad, ratificada en noviembre de 2024 por Casación y en junio de 2025 por la Corte Suprema, la inhabilita perpetuamente para cargos públicos y la obliga a cumplir seis años por el direccionamiento de obras viales en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez. El TOF2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, y Andrés Basso, justificó la domiciliaria por el intento de homicidio contra Kirchner en 2022 y su edad, evitando un aislamiento prolongado en prisión.
Evaluación paralela: En simultáneo, un equipo de psicólogos y asistentes sociales evalúa en el domicilio de Kirchner su adaptación al régimen, el impacto físico y emocional de la tobillera, y su funcionamiento técnico. El informe será remitido a Casación y al TOF2. La defensa pidió que expertos internacionales, quienes consideran innecesaria la tobillera, sean citados a la audiencia.
Impacto político y social: La revisión ocurre en un contexto de alta polarización. El PJ, liderado por Máximo Kirchner y Axel Kicillof, organizó movilizaciones masivas en apoyo a Kirchner, calificando la condena como un “ataque a la democracia”. El 12 de junio, una marcha acompañó a la expresidenta a Comodoro Py, exigiendo su retorno al domicilio. Por otro lado, sectores oficialistas y críticos, como Cecilia Pando, celebran la condena. Informes de la Procuración General de la Ciudad destacan alteraciones en el barrio por manifestaciones y operativos de seguridad, lo que podría llevar a Casación a sugerir un cambio de lugar de detención, como El Calafate o Río Gallegos, aunque la defensa lo considera inconveniente para su actividad política.