En medio de su campaña electoral, el gobernador Gustavo Valdés quedó nuevamente en el centro de la polémica tras difundirse una foto en la que aparece junto al comisario mayor Ricardo Aman, recientemente ascendido por su gestión. Sin embargo, lejos de tratarse de un reconocimiento legítimo, el ascenso de Aman despierta fuertes sospechas por su historial de irregularidades mientras prestaba servicios en Santa Ana.
Fuentes vinculadas a la fuerza policial aseguran que Aman protegía a una escribana local involucrada en maniobras dudosas, mientras se dedicaba a cobrar adicionales ilegales a destajo, un esquema que, según denuncian, compartía con el también cuestionado oficial Cristaldo. Ambos habrían montado una estructura de recaudación paralela, fuera de control institucional, aprovechando su cargo y la falta total de auditoría por parte del Ministerio de Seguridad provincial.
Lejos de ser investigado o sancionado, Aman fue premiado por el propio Valdés, quien no solo posó públicamente con él, sino que lo ascendió en plena campaña. La foto, que ya circula en redes y grupos internos de la fuerza, generó malestar entre efectivos honestos que ven con indignación cómo se apaña a figuras señaladas por corrupción mientras se castiga a quienes denuncian.
Este nuevo episodio confirma lo que muchos en Corrientes advierten hace tiempo: la connivencia entre sectores del poder político y estructuras policiales poco transparentes, donde el ascenso no se gana por mérito, sino por lealtades, favores y silencios.
Con la atención pública puesta en el deterioro de servicios esenciales como salud y seguridad, Valdés apuesta al marketing y a rodearse de figuras oscuras con historial comprometido, dejando claro que su prioridad no es la institucionalidad sino la construcción de un poder sin controles.