El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, anunció el 12 de junio de 2025 que definirá a mediados de la semana próxima si otorga la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad, tras la ratificación de la Corte Suprema de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Mientras los abogados de la expresidenta pidieron suspender su detención hasta resolver el beneficio, el tribunal ordenó un informe socioambiental de su domicilio en Buenos Aires, notificó a la Cámara Electoral la inhabilitación y alertó a la Dirección Nacional de Migraciones para impedir que Kirchner y los otros ocho condenados salgan del país.

Detalles del proceso judicial

La Corte Suprema confirmó el 10 de junio la sentencia de diciembre de 2022 contra Kirchner y otros implicados por administración fraudulenta en la concesión de 51 obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, con un perjuicio estimado en $84.835 millones. Los condenados son:

• Cristina Kirchner: 6 años de prisión, inhabilitación perpetua.
• Lázaro Báez: 6 años, detenido tras revocarse su domiciliaria.
• José López: 6 años.
• Nelson Periotti: 4 años.
• Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez, Raúl Daruich: penas de 3 a 4 años.

El TOF 2 estableció un plazo de cinco días hábiles (hasta el 18 de junio) para que los condenados se presenten, considerando factores como la dispersión geográfica de sus domicilios, condiciones personales (Kirchner como exmandataria, Periotti con 80 años, Pavesi y López con problemas de salud) y la necesidad de estándares de seguridad, especialmente para Kirchner tras el atentado de 2022. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insistieron en la prisión efectiva, pero el tribunal prioriza evaluar el arresto domiciliario.

Prisión domiciliaria y medidas cautelares

El TOF 2 ya inició legajos para el arresto domiciliario de Kirchner, Periotti, Pavesi y López, trasladando la consulta a la fiscalía por tres días. La defensa de Kirchner, liderada por Carlos Beraldi, solicitó suspender los efectos del fallo hasta resolver el beneficio, argumentando su condición de expresidenta, la falta de riesgo de fuga y su arraigo. Sin embargo, el tribunal no adelantará una definición, manteniendo el plazo de cinco días para garantizar un proceso ordenado.

Entre las medidas adoptadas:

• Informe socioambiental: Se evalúa el departamento de Kirchner en San José y Juncal, Recoleta, para verificar su idoneidad como lugar de detención.
• Consulta al Ministerio de Seguridad: Se pidió un informe sobre lugares de alojamiento según las condiciones de cada condenado, recibido el 11 de junio.
• Notificación a la Cámara Electoral: Se formalizó la inhabilitación perpetua de Kirchner, impidiéndole postularse a cargos públicos, como la candidatura a diputada bonaerense que planeaba para 2025.
• Alerta a Migraciones: El TOF 2 comunicó la situación de los condenados para evitar que salgan del país, especialmente hacia naciones sin tratados de extradición, ante el riesgo de que busquen evadir la justicia o especulen con un indulto futuro.

La alerta a Migraciones responde a temores de que Kirchner, con “poder político y económico” según el extitular de la UIF, Mariano Federici, pueda intentar eludir la detención. Aunque no hay indicios concretos de fuga, el tribunal busca prevenir cualquier maniobra, considerando su influencia y recursos.

Contexto político y tensiones

La decisión del TOF 2 se da en un clima de alta polarización tras el fallo de la Corte, que desató movilizaciones kirchneristas y críticas del PJ, como las del senador correntino Martín Barrionuevo, quien lo tildó de “política”. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió “bajar el tono” y evitar un “show” con la detención, tras los insultos de José Luis Espert a Florencia Kirchner en la UCA, que escalaron la tensión. El Gobierno de Javier Milei, aunque beneficiado por la salida de Kirchner de la escena electoral, teme que una detención mediática refuerce su narrativa de victimización.

El kirchnerismo, liderado por Máximo Kirchner y La Cámpora, organiza vigilias en la sede del PJ y planea denunciar el fallo ante organismos internacionales, acusando “lawfare”. Mientras, Axel Kicillof y Sergio Massa buscan capitalizar el descontento, aunque la fragmentación del PJ limita su capacidad de respuesta.