El Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, está elaborando un decreto para modificar la Ley de Glaciares (Ley 26.639), aprobada en 2010, con el objetivo de ampliar las áreas destinadas a la explotación minera e hidrocarburífera en zonas periglaciares. Los equipos técnicos de la Casa Rosada trabajan en una reducción de las zonas protegidas, restringiendo la definición de áreas periglaciares protegidas y flexibilizando las restricciones para actividades industriales. La medida, impulsada por el Ministerio de Economía bajo Luis Caputo, busca responder a presiones del sector empresarial y otorgar seguridad jurídica a proyectos de inversión, aunque genera críticas por su potencial impacto ambiental y conflictos con la legislación vigente.
Cambios propuestos en la Ley de Glaciares
La Ley 26.639 establece estándares mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares, definidos como reservas estratégicas de agua para consumo humano, agricultura, recarga de cuencas hidrográficas, biodiversidad, investigación científica y turismo. Prohíbe actividades que afecten su estado natural, incluyendo:
- La liberación de sustancias contaminantes, productos químicos o residuos.
- La construcción de obras de infraestructura, salvo para investigación científica o prevención de riesgos.
- La exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y ambientes periglaciares saturados de hielo.
- La instalación de industrias o actividades industriales.
El decreto en preparación busca limitar la protección de los ambientes periglaciares a aquellos con glaciares de roca o escombros activos, exigiendo que cumplan con:
- Una superficie mínima de una hectárea.
- Una duración de al menos dos años.
- Una función hídrica relevante.
- Inclusión en el Inventario Nacional de Glaciares, gestionado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
El Gobierno mantendría las restricciones para glaciares cubiertos y descubiertos, exigiendo informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Además, planea otorgar mayores atribuciones a las provincias para autorizar actividades industriales en estas zonas, alineándose con el federalismo de la Constitución Nacional, que otorga a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales.
Contexto y antecedentes
La iniciativa retoma cambios propuestos en las primeras versiones de la Ley Bases, sancionada en junio de 2024, que incluían modificaciones a la Ley de Glaciares para flexibilizar las restricciones en zonas periglaciares. Estas propuestas fueron eliminadas del proyecto final por falta de apoyo legislativo, tras críticas de ambientalistas y una advertencia de la ONU el 5 de febrero de 2024. Cinco relatores de derechos humanos calificaron los cambios como “regresivos”, argumentando que podrían vulnerar el derecho a un ambiente sano y afectar a defensores ambientales. La decisión de avanzar por decreto refleja la dificultad del oficialismo para lograr consensos en el Congreso, donde no cuenta con mayoría propia.
El proyecto es liderado por el Ministerio de Economía, con la participación de la secretaria de Energía, María Tettamanti, el titular de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. Responde a demandas de empresas mineras, como Barrick Gold, que históricamente han cuestionado la Ley de Glaciares por limitar proyectos como Pascua-Lama y Veladero en San Juan. En 2019, la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley, rechazando un planteo de Barrick, lo que consolidó su aplicación y la suspensión de 44 proyectos mineros en zonas glaciares.
Críticas y riesgos
La modificación propuesta ha generado preocupación entre ambientalistas y organizaciones sociales. La Ley de Glaciares, promulgada tras un veto presidencial en 2008 por Cristina Fernández de Kirchner, es considerada un hito en la protección ambiental, ya que los glaciares aportan el 70% del agua potable en regiones como Patagonia. La flexibilización de las zonas protegidas podría:
- Aumentar el riesgo de contaminación por el uso de químicos como cianuro y mercurio en la minería a cielo abierto, que consume entre 60 y 100 millones de litros de agua diarios.
- Reducir las reservas de agua en un contexto de cambio climático, que ya afecta la disponibilidad hídrica.
- Contradecir fallos judiciales que priorizan la protección ambiental sobre el desarrollo económico.
Además, el decreto podría enfrentar impugnaciones legales por alterar una ley sancionada por el Congreso, lo que requiere mayoría legislativa según la Constitución. En 2008, el veto presidencial al proyecto original fue criticado por priorizar intereses mineros, y provincias como San Juan, Santa Cruz, Salta, La Rioja y Jujuy emitieron leyes locales con evaluaciones menos restrictivas. El nuevo decreto podría reavivar el conflicto entre el gobierno nacional, las provincias y los ambientalistas.
Impacto económico y político
El Gobierno argumenta que la medida fomentará inversiones en sectores estratégicos como la minería de cobre y litio, clave para la transición energética global, y la explotación de hidrocarburos, alineándose con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases. Sin embargo, la falta de consenso legislativo y las advertencias internacionales podrían complicar su implementación. La relación con provincias mineras, como San Juan y Catamarca, será clave, ya que estas buscan equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.
El decreto, aún en etapa de redacción, se suma a otras medidas del Ejecutivo para promover inversiones, como la reducción de aranceles a importaciones y la flexibilización de regulaciones ambientales. Su aprobación podría intensificar el debate sobre el modelo de desarrollo económico y la protección ambiental en Argentina, en un contexto de alta polarización política.