El exsenador argentino Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel Costa, fueron formalmente acusados por contrabando en Paraguay, tras ser detenidos el 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad, que conecta Ciudad del Este con Foz do Iguaçu, Brasil. Las autoridades paraguayas encontraron en su vehículo, una camioneta Chevrolet Trailblazer (patente AE797OJ-AR), USD 211.102, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos sin declarar. Ambos permanecen en prisión domiciliaria en Asunción, a la espera de una audiencia ante el juez Humberto Otazú, quien decidirá si el caso avanza a juicio oral. En Argentina, Kueider enfrenta investigaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pero los pedidos de extradición de la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez no prosperan debido a obstáculos burocráticos.
El fiscal paraguayo Ysrael Villalba Ramírez, de la Unidad Especializada en Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, presentó la acusación el 5 de junio de 2025, tras seis meses de investigación. Según el escrito, Kueider y Guinsel Costa fueron sorprendidos «en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero sin la documentación que acredite su introducción legal al país». El delito de contrabando, tipificado en el Código Aduanero paraguayo (Ley 2422/2004), prevé hasta cinco años de prisión o una multa. Condenas superiores a dos años son de cumplimiento efectivo, aunque una sanción menor podría ser condicional. Las autoridades devolvieron USD 9.900 a Kueider, el monto máximo permitido sin declaración, y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ordenó el decomiso del resto del dinero y el remate de la camioneta tras confirmar la infracción aduanera en abril de 2025.
En Paraguay, también se abrió una causa por lavado de activos, vinculada a un intento de Guinsel Costa de comprar seis departamentos en Asunción por USD 460.000 en efectivo en junio de 2024, días después de que Kueider votara a favor de la Ley Bases en Argentina. Aunque la operación no se concretó y el dinero fue devuelto, generó reportes de operaciones sospechosas. Esta investigación, sin embargo, no ha avanzado significativamente, lo que despierta interrogantes sobre la cooperación judicial con Argentina.
En el ámbito argentino, Kueider es investigado en San Isidro por lavado de dinero, en una causa conexa al caso Securitas, que indaga pagos ilegales a funcionarios de la empresa de energía entrerriana Enersa entre 2017 y 2019, período en que Kueider fue secretario general de la gobernación de Gustavo Bordet. La jueza Arroyo Salgado ordenó en marzo de 2025 la detención de siete personas de su entorno, incluyendo a Daniel González, dueño de la camioneta y socio en Betail S.A., una empresa presuntamente utilizada para adquirir tres departamentos de lujo en Paraná. Además, en Concordia, el fiscal José Arias investiga a Kueider por enriquecimiento ilícito. Un video hallado en un allanamiento en Recoleta, donde se lo ve contando dólares en la Casa de Gobierno de Entre Ríos entre 2018 y 2019, es una prueba clave. Kueider alegó que se trataba de «fondos reservados», pero los investigadores sostienen que no existen tales fondos en dólares, lo que refuerza las sospechas de actividades ilícitas.
La extradición de Kueider y Guinsel Costa, solicitada dos veces por Arroyo Salgado, enfrenta trabas. Paraguay rechazó los pedidos argumentando falta de claridad sobre tratados internacionales aplicables y discrepancias en la definición de los delitos, exigiendo reformulaciones y documentación adicional. Estas demoras, junto con la relación entre los presidentes Javier Milei y Santiago Peña, generan especulaciones sobre la voluntad de Paraguay de retener a Kueider. En Argentina, su situación política se complicó tras ser expulsado del Senado el 12 de diciembre de 2024 con 61 votos a favor, tras un pedido de desafuero impulsado por Arroyo Salgado.
El caso en Paraguay, con solo seis testigos propuestos y pruebas documentales, no parece complejo, pero su resolución dependerá de la decisión del juez Otazú. Mientras tanto, las investigaciones en Argentina avanzan, con indicios de una red de lavado que incluye propiedades, vehículos y maniobras financieras para ocultar el origen de fondos presuntamente provenientes de cohecho y negociaciones incompatibles. La situación de Kueider, alguna vez aliado clave del oficialismo, sigue en un limbo judicial entre ambos países.