La Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, está próxima a decidir sobre la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La resolución, que podría llegar antes de julio de 2025, podría bloquear su candidatura a legisladora provincial por la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires, cuya oficialización de listas está prevista para el 19 de julio, y su eventual postulación a diputada nacional, con cierre de listas el 17 de agosto.
La causa Vialidad investiga el presunto direccionamiento de 51 obras públicas en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, con inhabilitación perpetua, pero la absolvió del delito de asociación ilícita. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia en noviembre de 2024, y la defensa de Kirchner, liderada por Alberto Beraldi, presentó un recurso de queja ante la Corte, argumentando violaciones a garantías constitucionales. Por su parte, la fiscalía solicitó elevar la condena a 12 años por asociación ilícita.
El 5 de junio de 2025, la Corte rechazó una recusación contra Lorenzetti presentada por Kirchner, allanando el camino para resolver el caso. Los tres jueces coinciden en la necesidad de confirmar la condena, pero difieren en el procedimiento. Rosatti y Lorenzetti estarían inclinados a desestimar el recurso de queja sin analizar el fondo, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite rechazar recursos por falta de agravio federal o trascendencia. Este mecanismo, usado en casos como el de Amado Boudou, agilizaría el fallo, haciendo firme la condena antes del 19 de julio e impidiendo la candidatura provincial de Kirchner.
Rosenkrantz, en cambio, abogaría por un análisis exhaustivo del caso, considerando su relevancia al involucrar a una expresidenta. Esta postura podría retrasar la sentencia hasta 2026, permitiendo a Kirchner oficializar su candidatura y obtener fueros si resulta electa el 7 de septiembre. Los fueros otorgarían inmunidad de arresto, aunque la inhabilitación podría requerir un proceso de expulsión en la Legislatura bonaerense si la condena se confirma tras su elección.
El calendario electoral añade presión. Un fallo antes del 19 de julio inhabilitaría a Kirchner para cargos provinciales; entre el 19 de julio y el 17 de agosto, podría postularse a cargos nacionales, aunque con riesgo de impugnación; y después del 26 de octubre, tras las elecciones, podría asumir con fueros, complicando la ejecución de la pena. A sus 71 años, Kirchner podría solicitar prisión domiciliaria en caso de condena firme.
Mientras tanto, Kirchner acelera su campaña en Buenos Aires, buscando consolidar el peronismo frente a Axel Kicillof y polarizar la elección contra el gobierno de Javier Milei, quien promueve la ley de «ficha limpia» para impedir candidaturas de condenados por corrupción. Kirchner denunció en redes sociales un intento de proscripción y anticipó apelar a tribunales internacionales si la condena se confirma.
La decisión de la Corte será crucial. Un rechazo rápido del recurso consolidaría la condena, frustrando las aspiraciones electorales de Kirchner, mientras que una demora podría permitirle competir, aunque con incertidumbre jurídica. El fallo también afectará a otros condenados en la causa, como Lázaro Báez y José López, y al decomiso de $5.321 millones solicitado por la fiscalía.