Una intensa campaña mediática busca apurar a la Corte Suprema de Justicia para que confirme la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, un expediente que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez. La expresidenta, candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral bonaerense, enfrenta una sentencia que incluye inhabilitación perpetua para cargos públicos, lo que podría sacarla de la carrera electoral antes del 19 de julio, plazo para oficializar candidaturas. Sin embargo, en Tribunales el proceso está frenado: el expediente no circula entre los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, permanece en la Secretaría Penal para un dictamen, y está pendiente la recusación contra Lorenzetti, quien adelantó en una entrevista su intención de resolver rápido.
La presión, atribuida a sectores alineados con el macrismo y La Libertad Avanza (LLA), incluye editoriales y titulares que exigen un fallo inmediato, presentando la condena como definitiva tras las sentencias del Tribunal Oral Federal 2 (diciembre de 2022) y la Cámara de Casación (noviembre de 2024). Algunos medios llegaron a citar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pronosticando un fallo inminente, aunque fuentes judiciales lo desmienten. La defensa de Cristina, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostiene que la causa es una persecución política: no hay pruebas de que la expresidenta interviniera en las licitaciones, las obras no fueron peritadas exhaustivamente, y jueces y fiscales tuvieron vínculos con Mauricio Macri, como visitas a la Casa Rosada o partidos de fútbol en su quinta. Además, recusaron a Lorenzetti por prejuzgamiento, argumentando que su voto no debería contar en la resolución de su propia recusación, lo que exige sortear conjueces para cumplir con los cinco miembros requeridos por ley.
El fiscal Mario Villar, respaldado por el procurador interino Eduardo Casal, pide agravar la pena a 12 años por asociación ilícita, un delito por el que Cristina fue absuelta. Casal, cuestionado por su cercanía al macrismo, emitió un dictamen de 13 páginas apoyando esta apelación, pero la Corte no está obligada a seguirlo. Mientras, el kirchnerismo denuncia un intento de proscripción similar a los casos de Lula en Brasil o Rafael Correa en Ecuador, y promete recurrir a organismos internacionales si la condena se confirma. La Corte, que ya resolvió 24 recursos en esta causa desde 2017, no tiene plazos para fallar, y rumores sugieren que al least un juez podría demorar la resolución para permitir la candidatura de Cristina, alineándose con la estrategia de Milei de polarizar con el peronismo y debilitar al PRO.
El caso también se cruza con la causa La Ruta del Dinero K, donde se condenó a Báez por lavado. Medios afines al oficialismo afirmaron que el delito precedente fue Vialidad, pero el fallo judicial señala evasión fiscal, sin vinculación con los Kirchner tras 12 años de investigación sin hallar fondos a su nombre. En Vialidad, la falta de pruebas directas y las irregularities procesales, como chats de otra causa usados sin control, refuerzan la postura de la defensa de que la Corte debería revisar el expediente desde cero. Por ahora, el ritmo judicial no acompaña la urgencia mediática, y el futuro de Cristina —prisión domiciliaria, inhabilitación o fueros parlamentarios— depende de un fallo que podría tardar semanas o meses.