La causa por la «Ruta del dinero K», uno de los mayores casos de lavado de activos en Argentina, dio un nuevo paso con la detención de cinco de los seis condenados que debían presentarse en los tribunales de Comodoro Py. Fabián Rossi, exapoderado de la financiera SGI conocida como «La Rosadita», fue el primero en acudir a las 9, una hora y media antes de lo establecido, para cumplir su condena de cuatro años y seis meses de prisión. Le siguieron César Fernández, exempleado de SGI, Juan Alberto De Rasis, exempleado de un banco suizo implicado en las operaciones de lavado, Carlos Molinari, y Eduardo Castro, todos con penas de entre tres y cinco años. Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, no se presentó, ya que su defensa informó que está internado desde el viernes por una descompensación, y el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) evalúa su situación médica.
La orden de detención, dictada por el juez Néstor Costabel tras un pedido del fiscal Abel Córdoba, responde a la confirmación de las condenas por la Corte Suprema, que ratificó las sentencias por el lavado de 55 millones de dólares vinculados a Lázaro Báez. Los condenados, que nunca habían estado presos en esta causa, fueron trasladados a dependencias de la Policía Federal Argentina o del Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, todos solicitaron prisión domiciliaria, argumentando problemas de salud o edad avanzada (varios superan los 70 años). Rossi, de 60 años, presentó informes médicos por diabetes y otras patologías, pero su edad no le permite acceder automáticamente al beneficio. El TOF 4 analizará estos pedidos en legajos separados, incluyendo estudios médicos para determinar si las condiciones de salud pueden atenderse en prisión.
La situación de Lázaro Báez, condenado a 10 años, sigue en evaluación. Actualmente en arresto domiciliario en El Calafate por otra causa de lavado relacionada con la compra de un campo en Uruguay, Báez estuvo detenido por esta causa entre 2016 y 2019. Su defensa sostiene que, sumando los tres años en Ezeiza y los cinco y medio en domiciliaria, ya habría cumplido la pena, pero fallos judiciales indican que solo se computan los años en prisión efectiva. Otros condenados, como Martín Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, también requieren un cómputo de sus penas, ya que estuvieron presos parcialmente. La causa, que expuso una red de sociedades offshore y maniobras financieras para blanquear fondos de la obra pública en Santa Cruz, sigue generando debate sobre la ejecución de las sentencias y la posible prisión domiciliaria para los implicados.