Se cumplen dos años desde la desaparición de Cecilia Strzyzowski, un femicidio que conmocionó a la Argentina y desnudó las redes de poder político en Chaco. El 2 de junio de 2023, Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez entrando a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en Resistencia, junto a su pareja, César Sena. Una cámara de seguridad captó su ingreso, pero nunca salió. Los fiscales creen que fue asesinada ese día, probablemente estrangulada, y que su cuerpo fue trasladado a una chanchería familiar, incinerado y dispersado en el barrio Emerenciano. Aunque no se halló el cadáver, pruebas clave como un anillo de compromiso, un dije, fotos y 16 restos dentales compatibles con Cecilia refuerzan la acusación. Una pericia también reveló que la firma en un acta de divorcio, supuestamente firmada por ella días después de su boda, era falsa, sugiriendo un plan premeditado.
El caso, que involucra al Clan Sena —una familia de líderes piqueteros con estrechos lazos con el exgobernador Jorge Capitanich—, tuvo un impacto político devastador. La indignación pública contribuyó a la derrota electoral de Capitanich en 2023, mientras el gobernador Leandro Zdero impulsó una revisión de las imputaciones. César Sena está acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y violencia de género, como autor material. Sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, enfrentan cargos como partícipes primarios, tras un debate judicial que descartó la coautoría, aunque la pena podría ser perpetua. Cuatro allegados —Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González— serán juzgados por encubrimiento agravado. Los siete están detenidos en cárceles de máxima seguridad y enfrentarán un juicio por jurados, cuya fecha se definirá tras audiencias preliminares, como la programada para este martes, donde se resolverán planteos técnicos.
La investigación expuso maniobras de encubrimiento y conexiones políticas. Los Sena, que manejaban millonarios subsidios a través de fundaciones y cooperativas, enfrentan además causas por trata de personas y lavado de dinero. Gloria Romero, madre de Cecilia, denunció desde el inicio la influencia de los acusados, afirmando que “manejan todo desde la cárcel” y que la “mafía” los protege. Por seguridad, Romero y su familia se mudaron al Sur y optaron por no organizar marchas este aniversario, alejándose de la exposición pública. El caso, seguido por medios internacionales y respaldado por Amnistía Internacional, marcó un antes y un después en Chaco, donde persiste la demanda de justicia por Cecilia.