La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, solicitó a los médicos residentes del Hospital Garrahan que suspendan por 48 horas el paro en curso, con el objetivo de sentarse a negociar una propuesta que mejore las condiciones salariales de los profesionales médicos. En diálogo con Radio Mitre, Loccisano destacó la voluntad del Gobierno para avanzar en recomposiciones, pero señaló que los recursos actuales del hospital están mal distribuidos. Criticó la cantidad de empleados administrativos y operativos, que suman 953 frente a los 480 médicos, y cuestionó el aumento de más de 1.200 trabajadores entre 2020 y 2023, sin un incremento proporcional en la productividad. “No queremos invertir en ineficiencia, sino en los profesionales que se rompen y resuelven”, afirmó, proponiendo un posible plus por productividad.
Por su parte, los trabajadores del Garrahan, liderados por figuras como Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, defendieron la composición del plantel, que incluye 3.190 empleados asistenciales (de los cuales 558 son médicos), 957 en logística y 581 en conducción, muchos de ellos también médicos. Lipcovich aclaró que los datos no incluyen a unos 700 residentes y becarios, esenciales para el funcionamiento del hospital. Cristina Alonso, jefa de Laboratorios, subrayó en Infobae en Vivo la importancia de los residentes, cuyo salario inicial ronda los 800 mil pesos, y alertó que en los últimos tres años unos 200 médicos renunciaron por los bajos sueldos. “Sin residentes no hay hospital. No se puede perder a profesionales con experiencia en casos complejos”, lamentó, destacando la atención de pacientes con quimioterapia, trasplantes y enfermedades raras.
El Hospital Garrahan, referente nacional e internacional, realiza unas 600 mil consultas ambulatorias, 100 trasplantes y 10 mil cirugías al año. Desde 2017, depende principalmente de fondos nacionales tras el cambio en el esquema de financiación con la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores exigen una recomposición salarial del 100% y que ningún sueldo esté por debajo de la canasta básica, en respuesta a la pérdida de poder adquisitivo.