El Gobierno anunció una serie de medidas que endurecen la política migratoria del país. Entre las principales disposiciones, se establece que los hospitales públicos podrán cobrar por la atención médica a extranjeros no residentes, y se impondrán nuevos requisitos para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la ciudadanía argentina.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que los inmigrantes ilegales y los residentes transitorios deberán pagar por los servicios de salud en los hospitales públicos. Además, quienes ingresen al país deberán presentar un seguro médico para garantizar su capacidad de pago.
En cuanto a la educación, se habilitará a las universidades públicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros, aunque se respetará la autonomía de cada institución para decidir su implementación.
Respecto a los requisitos para la residencia permanente y la ciudadanía, se exigirá una residencia continua de al menos dos años en el país, sin abandonar el territorio nacional. Además, se impedirá la obtención de la ciudadanía a quienes ingresen o permanezcan en el país de forma irregular.
En materia de seguridad, se implementarán medidas para rechazar el ingreso de extranjeros condenados por delitos y se agilizarán los procesos de expulsión para aquellos que sean encontrados en flagrancia en pasos no habilitados o que proporcionen información falsa para su ingreso.
Estas reformas forman parte de un decreto que será publicado en los próximos días y buscan, según el Gobierno, ordenar el sistema migratorio y garantizar que los servicios públicos sean utilizados de manera equitativa.