Setenta familias quedaron en la calle en San Luis del Palmar tras una decisión política del intendente local, que desplazó a trabajadores y funcionarios por no plegarse a la alianza “Vamos Corrientes”, encabezada por el gobernador Gustavo Valdés. El hecho generó un fuerte repudio político e institucional, y expone un preocupante uso del poder para castigar la disidencia.
Lejos de responder a evaluaciones de desempeño, los despidos fueron ejecutados únicamente por pertenecer a fuerzas políticas distintas al oficialismo provincial, según denunciaron los propios damnificados. La mayoría de los cesanteados no recibieron explicaciones formales ni indemnización alguna, y se enteraron de la medida al llegar a sus lugares de trabajo.
Desde el partido Encuentro Liberal (ELI), que forma parte de la alianza oficialista pero sufrió la purga, emitieron un comunicado cargado de indignación:
“No fueron apartados por su desempeño, sino por pensar distinto. Estas actitudes, avaladas desde los más altos niveles del gobierno provincial, vulneran principios esenciales de la democracia”.
Además, ELI denunció que este tipo de decisiones demuestran una intolerancia institucional que socava el pluralismo y el diálogo, esenciales en cualquier república democrática. “Gobernar es incluir, no excluir. Es hacerlo para todos, no solo para los propios”, remarcaron en el texto.
En un contexto donde desde el discurso oficial se habla de unidad, progreso y futuro, este episodio desnuda la lógica de persecución política y disciplinamiento partidario que aún predomina en la provincia. “Hoy fueron 70 familias, mañana puede ser cualquiera que no se arrodille ante el poder de turno”, expresó un dirigente local opositor.
La decisión del intendente, lejos de ser aislada, se inscribe en una matriz política que premia la obediencia y castiga la autonomía. Mientras tanto, el silencio de Valdés sobre lo ocurrido en San Luis del Palmar solo refuerza la idea de un aval tácito a estas prácticas autoritarias.