El Gobierno provincial lanzó una licitación para proveer 9.000 raciones en dos cárceles por un monto millonario. En el decreto no hay detalles del servicio. Críticas por la falta de transparencia. En medio de un contexto económico crítico, con recortes en áreas sensibles como salud, educación y cultura, el Gobierno de Corrientes habilitó una polémica licitación por más de $4.500 millones para un servicio de cocido destinado a presos en dos unidades penitenciarias.
La medida fue oficializada a través del Decreto N°521 firmado el 20 de marzo pasado por el Ejecutivo provincial. Allí se autoriza el llamado a licitación pública para la provisión de 9.000 raciones de cocido para las Unidades Penales N°9 y N°11 de Paso de los Libres, dependientes del Servicio Penitenciario Provincial.
La cifra llama la atención: $4.536.000.000 es el presupuesto oficial para el servicio, lo que representa un promedio de más de medio millón de pesos por día para servir una infusión simple a los internos. A esto se suma un gasto adicional de $900.000 en concepto de “publicidad institucional”, que el mismo decreto autoriza sin explicar su utilidad.
“No aclares que oscurece”, dice el refrán, y en este caso parece ajustarse al pie de la letra. El decreto no brinda detalles técnicos sobre el tipo de servicio, frecuencia, duración del contrato, ni condiciones mínimas del producto.
La empresa que actualmente presta este servicio tercerizado finalizará su contrato el 7 de junio próximo. Por eso el Gobierno se apuró a abrir una nueva convocatoria, aunque sin mayores precisiones ni garantías de control de costos o calidad, lo que reaviva críticas por la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos.
Desde sectores opositores y organismos civiles ya surgieron cuestionamientos: ¿Cómo se justifica semejante cifra para cocido en un contexto donde se ajusta a trabajadores y docentes, pero se gasta sin filtro en cárceles? ¿Quién controla los sobreprecios o licitaciones amañadas?
Por ahora, el Gobierno de Valdés no ha dado explicaciones públicas, pero la licitación ya empezó a circular en medios y redes, donde se multiplican las voces que denuncian gastos excesivos y prioridades distorsionadas.
