Mientras se multiplican las multas por Revisión Técnica Vehicular vencida, varios vehículos oficiales —incluidos los del gobernador Valdés y de la CNRT— circulan sin cumplir con la normativa.
La contradicción quedó expuesta y generó indignación: mientras desde hace más de diez días los vecinos de Corrientes reciben multas por tener la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vencida, funcionarios del Gobierno provincial —incluido el propio gobernador Gustavo Valdés— participaron de una reunión de gabinete en Goya con vehículos sin la documentación al día.
Una camioneta oficial modelo Toyota Hilux, dominio AF197U, identificada como perteneciente al gobernador Valdés, figura sin RTO vigente según registros consultados. La situación no es aislada: en el control caminero de San Cayetano, una unidad de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) fue vista estacionada sin revisión técnica, pese a que ese organismo es el encargado de fiscalizar a los transportistas.
“Esto es una joda”, lanzó indignado un camionero al constatar que los inspectores que suelen exigirle a rajatabla los papeles circulan sin cumplir la ley.
La indignación crece si se considera el contexto: desde hace más de una semana, los vecinos de Corrientes comenzaron a recibir infracciones por circular con la RTO vencida. “A nosotros nos multan, pero los autos de los ministros, de la Municipalidad y hasta de la CNRT no la tienen. ¿Quién controla a los que nos controlan?”, se preguntó otro ciudadano afectado.
Una reunión de gabinete… sin controles
La polémica se desató justo cuando el Gobierno provincial realizó una reunión ampliada de gabinete en Goya, donde todas las camionetas 4×4 se mostraron prolijamente estacionadas. Lo que no se mostró fue su estado legal: varias no tendrían RTO vigente.
El gobernador Gustavo Valdés encabezó el encuentro junto a todo su equipo ministerial, con un discurso enfocado en “mejorar la calidad de vida” de los correntinos. Sin embargo, este doble discurso —de exigir a los ciudadanos lo que no se cumple desde el poder— genera ruido y resta credibilidad.
Mientras tanto, la fiscalización continúa en las calles: las cámaras captan patentes, y los vecinos deben pagar. Los funcionarios, en cambio, parecen moverse con otra vara.