Viviana Canosa acusó al Gobierno de desestimar ayuda clave en la búsqueda de Loan Peña. Bullrich respondió con duras críticas contra Tim Ballard, el polémico exagente señalado como fuente de información de la conductora. Las denuncias cruzadas exponen una trama confusa y explosiva.
El escándalo en torno a la desaparición de Loan Peña sumó un nuevo capítulo cargado de acusaciones cruzadas, negaciones y teorías que involucran a funcionarios nacionales, figuras mediáticas y hasta al exagente norteamericano Timothy Ballard, el mismo en quien se basó la película Sound of Freedom. En el centro del conflicto: Viviana Canosa, que apuntó directamente contra el Gobierno por ignorar datos clave, y Patricia Bullrich, que respondió con dureza y revelaciones inquietantes sobre Ballard.
La Ministra de Seguridad negó cualquier tipo de colaboración con el exagente, a quien describió como una persona con 23 denuncias por abuso y expulsado de múltiples organizaciones contra la trata. «No vamos a aceptar ayuda de alguien con semejante prontuario», afirmó Bullrich, al explicar por qué no fue recibido por su cartera en el marco de la investigación por la desaparición del niño correntino.
En paralelo, Tim Ballard emitió un comunicado donde se defendió de las acusaciones, alegando que fue víctima de una campaña de desprestigio luego de anunciar su candidatura al Senado en EE.UU. Aseguró que varias de las denuncias en su contra ya fueron desestimadas y que su intención en Argentina era solo colaborar. Según Canosa, fue él quien le habría aportado información sensible sobre el caso Loan y sobre las figuras mediáticas recientemente acusadas, sin pruebas, de estar vinculadas a redes de trata.
Las denuncias de Canosa —lanzadas en su programa sin sustento judicial— incluyeron nombres como Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Damián Betular, Humberto Tortonese y Lizy Tagliani, desatando un vendaval mediático. La respuesta judicial no tardó: el abogado de Tagliani, Lino Gauto Cardozo, confirmó que presentó una querella contra la periodista por calumnias e injurias. “No hay ningún vínculo entre Lizy y el caso Corazza. Esto le está afectando emocionalmente, pero no va a renunciar a La Peña de Morfi”, afirmó.
Bullrich, por su parte, sugirió que hubo un “pacto de silencio” entre quienes realmente saben qué ocurrió con el menor desaparecido, pero insistió en que el caso sigue siendo prioritario para el Ministerio. Aseguró que hay equipos trabajando junto a la jueza y las fuerzas federales, y rechazó cualquier insinuación de inacción estatal.
Mientras tanto, Ballard afirma haber ofrecido equipos forenses gratuitos para colaborar con las autoridades argentinas, pero sus vínculos con sectores ultraconservadores de EE.UU. y su reputación deteriorada por múltiples causas judiciales empañan su figura.
El episodio deja expuestas las fracturas internas en el Gobierno, los límites de la política mediática de Canosa y la peligrosa facilidad con la que circulan acusaciones graves sin pruebas. Todo, en medio de una investigación delicada, donde lo que menos abunda es la claridad.