El decreto 274/2025 redefine el rol de la Unidad de Información Financiera, que dejará de intervenir como parte querellante en causas vinculadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva.
El Gobierno nacional oficializó este jueves una modificación sustancial en el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF). A partir del Decreto 274/2025, el organismo ya no podrá actuar como querellante en causas judiciales vinculadas al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, una de sus atribuciones más relevantes desde su creación.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Según la norma, el cambio responde a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que habría sugerido que la UIF no actúe como parte en los procesos judiciales, para resguardar su «autonomía e independencia operativa».
De esta manera, la UIF podrá continuar con tareas de recepción, análisis y archivo de información, además de dirigir investigaciones administrativas, solicitar allanamientos y coordinar con organismos de inteligencia. No obstante, deberá remitir toda la información al Ministerio Público Fiscal, que será el encargado exclusivo de ejercer la acción penal.
Desde el Ejecutivo, argumentaron que “la querella debe ser responsabilidad del Ministerio Público Fiscal”, y que el nuevo esquema se ajusta a la “emergencia pública administrativa, económica y financiera” contemplada en la Ley Bases, que otorga facultades especiales al Gobierno.
Cambios en un contexto sensible
La decisión se produce en un momento de tensión institucional y judicial. En paralelo, la Justicia y el Congreso investigan la presunta participación de funcionarios del gobierno y del propio presidente en el caso $Libra, una criptomoneda bajo sospecha por posible estafa y lavado de dinero, terrenos que tradicionalmente investiga la UIF.
Además, el decreto se conoció días después de que la Corte Suprema impulsara la causa Vialidad, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese expediente, como en otros como “la ruta del dinero K” o “los cuadernos de la corrupción”, la UIF había participado activamente como querellante.
El organismo también intervino en causas como los Panamá Papers, que involucraron al expresidente Mauricio Macri, entre otros casos de alto impacto político y económico.