La medida oficial genera preocupación en sectores educativos y políticos. Temen que las cámaras puedan ser usadas con fines coercitivos en territorios vulnerables.
Una decisión del Gobierno de Corrientes desató una fuerte polémica: comenzaron a instalar cámaras de vigilancia en todas las escuelas públicas de la provincia, incluyendo una por cada aula. Aunque desde el oficialismo argumentan que se trata de una medida para “mejorar la seguridad”, el trasfondo político inquieta.
Según fuentes cercanas a la oposición, detrás de esta iniciativa se esconde un objetivo más oscuro: el posible uso de mecanismos de presión electoral en zonas vulnerables, donde ya circulan hipótesis sobre maniobras coercitivas ligadas al control del voto.
La alarma se enciende especialmente en el contexto de las próximas elecciones. Algunas voces advierten que la instalación de cámaras podría facilitar un sistema de vigilancia indirecta, incluso presionando a estudiantes, docentes o familias para registrar su voto mediante fotografías. Si bien hasta el momento no hay pruebas concluyentes, la sospecha cobra fuerza en un escenario donde la transparencia democrática se pone en duda.
El riesgo es claro: que estas herramientas de “seguridad” terminen utilizadas como mecanismos de control político disfrazados de modernización tecnológica. Las organizaciones de derechos humanos y gremios docentes aún no emitieron comunicados oficiales, pero la inquietud se expande.
“La elección que se avecina en Corrientes ya no parece del todo libre. Hay un clima de tensión que se profundiza con decisiones como esta”, señaló un referente opositor.