Este martes, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil inició el análisis para determinar si existen fundamentos suficientes para iniciar un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete implicados, acusados de conspirar para anular las elecciones de 2022 que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.
La denuncia, presentada en febrero por el fiscal general Paulo Gonet, señala que Bolsonaro lideró e incentivó acciones ilegales para mantenerse en el poder. Entre los delitos imputados se incluyen «organización criminal armada», «intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho» y «golpe de Estado», con penas que podrían sumar hasta 43 años de prisión.
La acusación sostiene que la conspiración contemplaba la elaboración de un decreto que justificaría un «estado de defensa» para revisar la validez del proceso electoral. Además, se investiga la posible implicación en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Entre los otros acusados figuran exministros como Walter Braga Netto (Defensa) y Anderson Torres (Justicia), así como un excomandante de la Marina. Las defensas niegan la existencia de una conspiración y cuestionan aspectos técnicos del proceso, incluyendo la participación de ciertos jueces y la decisión de que la deliberación se realice en la Primera Sala del tribunal y no en el pleno.
Se espera que la decisión sobre la apertura del juicio se conozca entre este martes y miércoles. De aceptarse la denuncia, Bolsonaro y los demás implicados enfrentarán un proceso penal que podría culminar en condenas significativas.