El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal tras la protesta de jubilados e hinchas de fútbol, reprimida con violencia el miércoles. La presentación, que sostiene la teoría de un «intento de golpe», acusa a los manifestantes de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada.
Entre los señalados están el exlíder montonero Mario Firmenich, los intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora, y grupos organizados, aunque sin aportar pruebas concretas. Según el escrito, algunos participantes habrían recibido pagos de hasta $50.000.
El Gobierno insiste en la presencia de barrabravas, basándose en llamadas anónimas a la línea 134 y en la participación de hinchas de distintos clubes. También cuestiona la actuación de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos, y evalúa denunciarla por prevaricato.