El Gobierno nacional responsabilizó al kirchnerismo por los incidentes ocurridos durante la última manifestación en defensa de los jubilados, señalando que la oposición intenta generar un clima de inestabilidad. La protesta, que en otras ocasiones se había desarrollado de manera pacífica, terminó con enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, dejando heridos, daños materiales y más de un centenar de detenidos.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de expresar la postura del Ejecutivo. Según el funcionario, los disturbios registrados frente al Congreso fueron promovidos por sectores políticos que buscan desestabilizar al gobierno de Javier Milei. “Detrás de estos hechos hay una intencionalidad política. No fue una marcha espontánea, sino una acción organizada con el objetivo de generar caos y violencia en las calles”, afirmó.
Enfrentamientos y detenidos
Durante la protesta, un grupo de manifestantes protagonizó graves incidentes al enfrentarse con la Policía de la Ciudad. Se registraron destrozos en edificios y vehículos, así como agresiones contra agentes de seguridad, lo que derivó en la detención de 124 personas. De estos, 71 hombres y 23 mujeres fueron liberados por orden de la jueza Karina Andrade, lo que generó críticas por parte del oficialismo.
Desde el Gobierno se sostiene que la presencia de barrabravas de distintos clubes de fútbol y militantes de agrupaciones políticas fue determinante en la escalada de violencia. Testimonios de los efectivos de seguridad indican que los enfrentamientos fueron premeditados, con grupos organizados que atacaron a las fuerzas policiales con piedras y otros objetos contundentes.
Respuesta del oficialismo y advertencia sobre nuevas protestas
El gobierno advirtió que este tipo de manifestaciones no serán toleradas si derivan en actos de violencia. “El derecho a la protesta está garantizado, pero lo que vimos en las calles fue un intento de insurrección que no podemos permitir”, sostuvo Francos. En la misma línea, funcionarios del oficialismo insistieron en que se aplicarán sanciones más severas contra quienes promuevan disturbios y atenten contra el orden público.
En este contexto, el Poder Ejecutivo evalúa endurecer las medidas de control para futuras manifestaciones y reforzar la seguridad en puntos clave de la ciudad. La tensión política sigue en aumento, mientras la oposición sostiene que el Gobierno busca criminalizar la protesta social y desviar la atención de los reclamos legítimos de los jubilados.
A medida que el clima de conflictividad se intensifica, la sociedad observa con preocupación la creciente polarización y la posibilidad de nuevas movilizaciones en los próximos días.