Diferentes entidades expresaron su preocupación ante la medida tomada por el Gobierno, advirtiendo que representa un “grave retroceso para la independencia judicial”. Además, exigieron que se suspenda la toma de juramento de los jueces designados.
La decisión del Ejecutivo de nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema sin el aval del Senado generó un amplio repudio en distintos sectores políticos y sociales. En esta ocasión, fueron numerosas organizaciones civiles las que manifestaron su rechazo, señalando que la medida vulnera principios fundamentales de la división de poderes.
Amnistía Internacional y varias entidades defensoras de los derechos humanos calificaron la designación como un “avance indebido del Ejecutivo sobre el Legislativo”, asegurando que este procedimiento afecta la independencia del Poder Judicial y la legitimidad del máximo tribunal. Además, remarcaron la falta de representación femenina en la Corte Suprema como otro aspecto negativo de la decisión.
Entre las entidades que firmaron el comunicado se encuentran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Poder Ciudadano. Estas organizaciones ya habían expresado su desacuerdo con las postulaciones meses atrás, durante una audiencia pública en la que se discutieron los antecedentes de los candidatos.
El comunicado también subraya que el Senado tiene la facultad constitucional de aceptar o rechazar las propuestas de jueces, y que la falta de consenso no puede ser justificación para una designación directa por parte del Ejecutivo. En este sentido, las entidades consideran que se trata de una maniobra que compromete la estabilidad y credibilidad del máximo tribunal, dejando a dos de sus miembros en una situación de incertidumbre jurídica.
Desde otros sectores, se advirtió que esta decisión también podría tener consecuencias políticas y judiciales. Se cuestiona, por ejemplo, cómo actuarán los magistrados en casos que involucren directamente al Gobierno, como el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, dado que fueron nombrados de manera excepcional y podrían estar sujetos a presiones.
Por otro lado, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) solicitó formalmente que se suspenda la toma de juramento de los jueces designados, argumentando que la medida del Ejecutivo transgrede los límites constitucionales y refuerza la concentración de poder en el Gobierno.
Las críticas apuntan a que esta maniobra debilita la institucionalidad y genera un precedente peligroso en cuanto al equilibrio de poderes. Desde el ámbito judicial y académico, varios expertos sostienen que la independencia del Poder Judicial queda en entredicho si el máximo tribunal es conformado sin respetar los procedimientos establecidos por la Constitución.